Una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería, de apellido Barquero, no podrá ejercer su cargo durante los próximos diez meses. Esta decisión fue tomada por el Juzgado Penal de Hacienda, que impuso medidas cautelares estrictas mientras avanza la investigación judicial.
La oficial, destacada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, deberá cumplir no solo con la suspensión de sus funciones, sino también con el impedimento de salida del país y la obligación de firmar una vez al mes en la Fiscalía. Asimismo, tiene prohibido acercarse a la terminal aérea y comunicarse, ya sea de forma directa o indirecta, con los testigos del caso.
Estas medidas fueron ordenadas tras una audiencia que se extendió durante seis horas, desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche del miércoles 15 de julio, luego de una solicitud formal realizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, conocida como FAPTA.
La funcionaria es investigada por los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático. Según los hallazgos de la investigación, la oficial habría facilitado y simulado el ingreso formal al país de un ciudadano extranjero que se encontraba en condición migratoria irregular.
La situación es crítica, ya que informes de inteligencia señalan que esta persona tendría un perfil de alta peligrosidad y estaría vinculada con una organización terrorista internacional.
La detención se produjo la mañana del miércoles durante un allanamiento en el aeropuerto, lugar donde la funcionaria se encontraba trabajando. Simultáneamente, los agentes realizaron un allanamiento en su vivienda. Actualmente, la Fiscalía analiza evidencia documental, digital y estudios financieros dentro del expediente 26-000215-1218-PE para determinar las responsabilidades finales.
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