Una coalición de doce estados de Estados Unidos ha presentado una demanda judicial con el objetivo de bloquear la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount. Esta acción legal marca el inicio de una batalla antimonopolio de alto riesgo que podría obstaculizar la concreción de esta mega fusión en la industria mediática.
La demanda fue presentada el pasado lunes en el Distrito Norte de California. El fiscal general de California, Rob Bonta, quien lidera la iniciativa, afirmó que esta medida es necesaria debido a que la fusión "sofocaría la competencia, elevaría los precios, disminuiría la calidad del contenido y produciría menos películas y programas cada año".
Por su parte, Paramount ha manifestado que combatirá la demanda con energía. La compañía calificó el recurso legal como "equivocado tanto en los hechos como en el derecho", asegurando que los estados han tergiversado la naturaleza de la competencia dentro de la industria del entretenimiento en la actualidad. Asimismo, Paramount destacó que la fusión ya ha sido aprobada por reguladores en diversos mercados globales, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
Sin embargo, la aprobación del DOJ ha estado rodeada de controversia y acusaciones de favoritismo político. Estas críticas se basan en las estrechas relaciones que mantiene Paramount con el presidente Trump y diversos miembros de su Gobierno. La senadora Elizabeth Warren fue tajante al respecto cuando el DOJ avaló el acuerdo en junio, declarando que la situación "apesta a corrupción". En este contexto, la demanda presentada el lunes se convierte en un ejemplo prominente de funcionarios estatales intentando frenar una operación que ya cuenta con el visto bueno del Gobierno federal.
La coalición de estados que se han sumado a la demanda incluye a California, Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington. Es notable que los doce estados involucrados cuentan con fiscales generales pertenecientes al partido demócrata.
En conversaciones previas a la presentación de la demanda con CNN, funcionarios estatales expresaron su creencia de que el Gobierno de Trump ha abdicado en gran medida de sus responsabilidades en cuanto a la aplicación de las leyes antimonopolio. Bajo esta premisa, uno de los funcionarios señaló que, ante la inacción federal, "alguien tiene que hacerlo".
Este movimiento no es el primero de su tipo. Una coalición similar de estados demandó anteriormente para bloquear la adquisición de Tegna por parte de Nexstar, un acuerdo que habría fusionado a dos propietarios rivales de estaciones de televisión local. En aquel caso, los estados lograron convencer a un juez de pausar la fusión mientras avanzaba el proceso de litigio.
Aunque algunos analistas sugieren que los fiscales estatales podrían enfrentar mayores dificultades para demostrar un daño antimonopolio en el caso de Paramount y Warner Bros. Discovery, Rob Bonta se mostró confiado. Durante una conferencia de prensa realizada el lunes frente al icónico letrero de Hollywood, Bonta afirmó que "la aplicación de las leyes antimonopolio es el control de la democracia sobre la oligarquía".
La coalición ha solicitado formalmente a Warner Bros. y Paramount que no cierren la fusión hasta que concluya el proceso judicial. En caso de que las empresas no accedan a esta petición, la coalición ha advertido que presentará una orden de restricción temporal.
Uno de los puntos de mayor preocupación para los críticos es el hecho de que Warner Bros. Discovery sea la empresa matriz de CNN. Existe el temor de que Paramount, al adquirir la cadena de noticias por cable, pueda combinarla con CBS News. No obstante, la demanda antimonopolio se centra específicamente en el impacto sobre la industria del entretenimiento y no en la vertiente de las noticias.
El documento legal detalla tres áreas críticas de competencia: la distribución de películas de "estreno amplio", la distribución prevista de películas taquilleras y la concesión de licencias de canales de cable. Según la oficina del fiscal general de California, combinar ambas entidades reduciría la competencia en estas áreas, lo que amenazaría a los espectadores con precios más elevados, un declive en la exhibición de películas en salas y una reducción en la variedad, calidad y cantidad del contenido distribuido.
Desde el bando de Paramount, ejecutivos y aliados han argumentado que esta acción legal es, en realidad, una maniobra de campaña demócrata, resaltando que algunos de los fiscales generales buscan la reelección este año. No obstante, los críticos de Paramount sostienen que la política ha estado presente desde el inicio, calificando la fusión como una maniobra con carga política para entregar el control de CNN y otros activos mediáticos a una familia alineada con Trump.
El apoyo a la acción de los estados también ha llegado desde el ámbito internacional. Reporteros Sin Fronteras, un destacado grupo mundial de libertad de prensa, emitió un comunicado apoyando la demanda. Ben Grazda, gerente de incidencia de la rama de América del Norte de la organización, advirtió que esta "fusión monopolística devastaría el periodismo estadounidense" al fomentar recortes profundos en las redacciones, reducir la diversidad editorial y concentrar los medios en manos de oligarcas que ya han tomado decisiones editoriales y de personal perjudiciales en CBS.
Finalmente, Paramount ha reiterado su compromiso de completar la fusión durante este verano. La urgencia es económica, ya que la empresa deberá pagar una suma mayor por Warner Bros. si el acuerdo no se cierra antes de finales de septiembre.
