En un caso que ha generado una profunda conmoción y zozobra en la ciudad de Quito, el Tribunal Penal ha emitido una sentencia respecto al asesinato de Mónica Páez, una mujer de 70 años que fue acribillada en el sector de Rumipamba, ubicado al norte de la capital ecuatoriana. La víctima fue atacada frente a una iglesia, en un hecho violento que terminó con su vida mientras se disponía a asistir a un culto religioso.
Los hechos ocurrieron el 16 de marzo, cuando la adulta mayor fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según los detalles del caso, Mónica Páez se encontraba al interior de su vehículo, el cual permanecía estacionado en las afueras del recinto religioso. En ese momento, los atacantes procedieron a disparar en repetidas ocasiones contra ella, provocándole múltiples impactos de arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata.
Tras una exhaustiva investigación, se determinó que el crimen no fue un acto azaroso, sino un asesinato planificado. El Tribunal Penal sentenció a Bolívar A. P., hijo de la víctima, como el autor mediato del delito. Las indagaciones revelaron una trama dolorosa: Bolívar A. P., quien en el momento de los hechos ya se encontraba privado de libertad en un centro de rehabilitación social por otra causa penal, fue quien contrató a un sicario para atentar contra la vida de su propia madre.
En el proceso judicial también fue sentenciada Juliana P. R., quien fue señalada como coautora del crimen. Sin embargo, debido a que la procesada se acogió a la figura legal de cooperación eficaz, brindando información crucial para el esclarecimiento del caso, recibió una pena reducida de cuatro años de privación de libertad.
Un giro inesperado marcó el curso de la acción penal contra el autor intelectual. Bolívar A. P., mientras cumplía prisión preventiva durante la sustanciación de la instrucción fiscal, fue hallado muerto dentro del centro de rehabilitación social. Debido a este fallecimiento, la acción penal en su contra quedó legalmente extinguida, cerrando así la posibilidad de que fuera juzgado y sentenciado en una instancia presencial posterior a su muerte.
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal encargado de las investigaciones presentó un conjunto robusto de pruebas que permitieron reconstruir la mecánica del crimen y establecer las responsabilidades. Entre las evidencias presentadas destacó el testimonio anticipado de la cooperadora eficaz, Juliana P. R., cuyas declaraciones fueron fundamentales para vincular al hijo de la víctima con la planificación del sicariato.
Asimismo, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos testigos presenciales que se encontraban en el lugar de los hechos al momento del ataque, así como el acta de levantamiento del cadáver. Para corroborar la causa del fallecimiento, se presentó el protocolo de autopsia médico-legal, el cual determinó técnicamente que la muerte de Mónica Páez fue provocada por las heridas resultantes de los impactos de arma de fuego recibidos durante la emboscada.
El sustento probatorio se completó con la presentación de la inspección ocular técnica y el reconocimiento detallado del lugar de los hechos. Estas diligencias permitieron a los peritos analizar los indicios y evidencias levantados en el sitio donde la mujer fue atacada, consolidando la tesis fiscal sobre la premeditación y ejecución del asesinato. El caso deja en evidencia la gravedad de un crimen donde los vínculos familiares fueron quebrantados por la violencia y el sicariato.
