Una imagen exclusiva obtenida por el diario Vanguardia ha puesto al descubierto una realidad crítica que afecta uno de los ecosistemas más vitales de Colombia. La fotografía muestra la existencia de una bocamina ubicada en pleno páramo de Santurbán, a más de 3.000 metros de altura, en una zona rica en frailejones. Este hallazgo evidencia que, mientras los debates políticos, académicos y ambientales se prolongan en las ciudades, la degradación del territorio avanza con crudeza y bajo una aparente impunidad de las autoridades ambientales.
La afectación no se limita a un caso aislado. En el área de influencia del municipio de California, se ha identificado una montaña donde la pérdida de material vegetal alcanza aproximadamente las 300 hectáreas. En este sector, se contabilizan más de 200 entradas a minas. Según el reporte, estas excavaciones fueron iniciadas por mineros tradicionales, pero la denominada “fiebre del oro” atrajo a personas de diversas regiones de Santander, Norte de Santander, Antioquia y a población migrante. En los últimos siete años, toneladas de oro y plata han sido extraídas ilegalmente para abastecer mercados ilícitos tanto nacionales como internacionales.
El motor de esta destrucción es el lucrativo mercado de los metales preciosos. Un estudio realizado hace dos años por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) determinó que la minería ilegal en la zona de Soto Norte, Santander, generaría utilidades mensuales cercanas a los 26.000 millones de pesos. La rentabilidad es tan alta que, en un solo socavón, se ha verificado la extracción de hasta 10 kilos de oro en una sola semana. Considerando que el gramo de oro se cotiza actualmente en 444.108 pesos, las utilidades de una operación de corto plazo, de una a dos semanas, podrían rondar los 4.441 millones de pesos.
A pesar de la magnitud de la operación, la zona carece de presencia efectiva de organismos de control como el Ministerio de Ambiente o la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). La logística de la extracción ilegal es evidente en el terreno: a unos 12 kilómetros del parque principal de California, se accede a la falda de la montaña a través de caminos angostos y en regulares condiciones, especialmente riesgosos durante las lluvias. Para facilitar el transporte de la roca extraída por las volquetas, se han instalado placas huella en diversos tramos.
El flujo de personas es constante, extendiéndose incluso durante la noche y la madrugada. Hombres protegidos por ruanas, sacos gruesos y pasamontañas para combatir el frío del páramo se desplazan en motocicletas. En los alrededores de las minas es común observar grupos de entre cinco y 15 motocicletas estacionadas. Según testimonios de habitantes de California, es cada vez más frecuente la presencia de foráneos y, alarmantemente, de menores de edad que se aventuran en la extracción de oro.
En el plano legal, la situación es compleja. Desde hace nueve años, la Corte Constitucional ordenó una nueva delimitación del páramo de Santurbán debido a que el proceso anterior careció de participación comunitaria. Actualmente, se adelantan mesas de concertación en Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander (UIS), integrando a los 40 municipios influenciados por el ecosistema. El debate se centra en si la delimitación debe ser superficial o si debe considerarse el páramo como un sistema integral conectado por acuíferos subterráneos.
Como medida paliativa, el 5 de marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente emitió la Resolución 0221, declarando una Zona de Reserva Temporal por dos años en 75.000 hectáreas de la provincia de Soto Norte, prohibiendo la extracción de oro y plata. Esta área abarca municipios como Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Charta y Bucaramanga. De este total, 23.929 hectáreas incluyen 57 títulos mineros de pequeña, mediana y gran minería.
Finalmente, respecto a la actividad empresarial en la zona, la firma canadiense Aris Mining, accionista mayoritaria del proyecto Soto Norte, aclaró que no desarrolla ninguna actividad minera actual, ya que no posee proyectos radicados ante el Gobierno y se acoge a la prohibición establecida por la Zona de Reserva Temporal del Ministerio de Ambiente. No obstante, la evidencia fotográfica confirma que, mientras la burocracia avanza, la minería ilegal continúa destrozando el “reino de los frailejones” y poniendo en riesgo el agua potable de más de dos millones de habitantes.
