El Gobierno advierte que los operativos contra autoridades electas no se limitarán a los casos ya conocidos. El ministro Reimberg aseguró que un número importante de funcionarios se encuentra bajo la lupa de los organismos de control, señalando que algunos utilizaron los cargos alcanzados mediante el voto popular para obtener beneficios personales, ignorando las responsabilidades para las que fueron elegidos.
Respecto a las acusaciones de persecución política sostenidas por varios alcaldes procesados, Reimberg rechazó tajantemente estas afirmaciones. El funcionario manifestó que los acusados deben demostrar que lo que se dice de ellos no es verdad, en lugar de alegar persecuciones sin pruebas. Enfatizó que los procesos son dirigidos por la Fiscalía General del Estado con el apoyo operativo de la Policía Nacional, asegurando que las investigaciones seguirán mientras existan elementos que las sustenten. Según Reimberg, aquellos que tienen "rabo de paja" son quienes ahora viven con temor.
Estas declaraciones llegan tras la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En total, al menos cinco alcaldes enfrentan procesos penales. Destaca el caso de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y figura de oposición, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad El Encuentro acusado de presunto lavado de activos, a pesar de no tener sentencia definitiva. También están detenidos los alcaldes de Esmeraldas, Vicko Villacís; de Jipijapa, Ángela Plúa; y de Pujilí, José Alcides Arroyo.
Los procesos judiciales, que varían desde investigaciones previas hasta llamamientos a juicio, involucran delitos como lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y peculado. Este escenario se desarrolla a pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, mientras sectores opositores denuncian el uso de la justicia para perseguir a autoridades críticas del Gobierno.
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