Tras semanas de presión y cuestionamientos en el Congreso, el Ministerio de Justicia finalmente entregó al Senado los antecedentes sobre las polémicas rebajas de condenas por delitos sexuales contra menores de edad.
La documentación fue remitida a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y comprende 308 decretos correspondientes al periodo 2022-2026. Con estos textos, los parlamentarios podrán revisar las condenas originales, las reducciones concedidas y los fundamentos utilizados para otorgar dichos beneficios.
La entrega ocurre en un clima de alta tensión. El senador Vlado Mirosevic, presidente de la comisión, manifestó abiertamente la molestia de los legisladores por la demora del Ejecutivo, señalando que esta tardanza afectó la tramitación de proyectos destinados a modificar estos beneficios. Por su parte, el ministro Fernando Rabat defendió la gestión de su cartera, argumentando que deben responder a unas 50 solicitudes de información y que era necesario resguardar datos personales y sensibles.
El caso ha trascendido lo político. La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte investiga una eventual prevaricación, tras una denuncia presentada por los diputados Luis Cuello y Juan Santana. En paralelo, la Contraloría General de la República desarrolla una fiscalización sobre los decretos.
A pesar de que el ministro Rabat enfrenta la posibilidad de una acusación constitucional, el Palacio de La Moneda ha cerrado filas en su apoyo. El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que el respaldo al secretario de Estado es "indiscutible" mientras el Ejecutivo prepara su respuesta ante un eventual libelo acusatorio.
Aunque la entrega de documentos es un avance para la discusión legislativa, no cierra las investigaciones judiciales ni los cuestionamientos políticos que rodean al ministro.
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