¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza el abuso? La reciente discusión en torno a la denominada “Ley Mordaza” ha reavivado un debate fundamental sobre la libertad de expresión y sus límites dentro del Estado de derecho.
Este derecho es fundamental, protegido no solo por la Constitución, sino también por diversos tratados internacionales. Se reconoce como una herramienta indispensable para el fortalecimiento de la democracia y la participación activa de la ciudadanía. Sin embargo, existe una línea clara que no debe cruzarse.
La libertad de expresión no debe confundirse con conductas que lesionan los derechos de terceros. Actos como la calumnia, la difamación, el chantaje y la difusión deliberada de informaciones falsas, diseñadas específicamente para perjudicar a personas, familias o empresas, representan un abuso del derecho y no una manifestación legítima del mismo.
El reto actual consiste en alcanzar un equilibrio preciso entre la libertad de expresión y el derecho al honor, la dignidad y la buena reputación. Estos principios pueden y deben coexistir, siempre que la aplicación de las leyes se realice con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías constitucionales vigentes.
En conclusión, el verdadero centro del debate no debe ser la restricción de la libertad, sino la promoción de un ejercicio responsable. Una democracia sólida es aquella que protege el derecho de todos a expresarse libremente, pero que, al mismo tiempo, exige consecuencias reales para quienes utilicen esa libertad para difamar, desinformar o vulnerar la integridad de los demás a través de campañas sucias y cobardes.
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