En el distrito de Olmos, ubicado en la región Lambayeque, una nueva denuncia por presunta contaminación ambiental ha generado alarma entre los criadores tradicionales de la zona. La Asociación de Pequeños Ganaderos Luchando por un Futuro Mejor ha reportado la muerte de 15 reses de raza Cebú, un hecho que los afectados atribuyen al consumo de agua contaminada que habría sido vertida a campo abierto en áreas utilizadas habitualmente para el pastoreo del ganado.
Los comuneros han señalado directamente a la empresa agroexportadora Berries Harvest, asentada en las denominadas “tierras nuevas” del Proyecto Especial de Irrigación Olmos, como la responsable de este incidente. Según los testimonios de los ganaderos, los animales habrían bebido el líquido contaminado, lo que derivó en su fallecimiento y ha provocado un impacto económico significativo para las familias dedicadas a la crianza de ganado en la región.
Desde el punto de vista financiero, la pérdida es considerable. Los dirigentes de la asociación informaron que cada ejemplar de raza Cebú tiene una valorización aproximada de 3 mil soles. Por lo tanto, el perjuicio económico total asciende a unos 45 mil soles, una cifra que representa un golpe devastador para la economía local, dado que estos animales constituyen el principal sustento de numerosas familias.
“Es un golpe devastador. Esos animales representan el único sustento para nuestras familias y el esfuerzo de años de trabajo que se esfuma en un instante por la irresponsabilidad de terceros”, expresaron los ganaderos afectados. Ante esta situación, los damnificados han solicitado la intervención inmediata de las autoridades ambientales competentes para detener cualquier vertimiento de residuos líquidos que pueda seguir afectando el ecosistema y la salud de sus animales.
Este episodio no parece ser un hecho aislado, según sostienen los denunciantes. Los comuneros recordaron que, hace apenas unas semanas, se registró una tragedia similar en el sector Alto Negro, donde más de 50 ovejas y cabras murieron tras beber agua que, según sus afirmaciones, estaba mezclada con residuos químicos. En aquel incidente, se logró grabar un vehículo cisterna mientras descargaba líquidos sobre un terreno; la unidad pertenecía a la empresa Soluciones Ambientales. A pesar de la evidencia presentada, los ganaderos denuncian que hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial ni acciones concretas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ni del Ministerio Público.
La normativa ambiental peruana es clara al respecto: se prohíbe estrictamente el vertimiento de residuos líquidos que no hayan pasado por un proceso de tratamiento previo, especialmente si estos pueden afectar los ecosistemas, poner en riesgo la salud pública, dañar la fauna o perjudicar las actividades productivas de la zona. Asimismo, la ley obliga a todas las empresas que generan efluentes industriales a conducirlos hacia sistemas de tratamiento debidamente autorizados para evitar desastres ecológicos.
El conflicto entre los pequeños ganaderos y las grandes empresas asentadas en el Proyecto Olmos tiene un antecedente prolongado. A finales del año 2020, el Frente de Defensa de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos (FEDECOL) ya había remitido cartas notariales denunciando presuntos abusos contra la misma asociación de ganaderos. En aquel entonces, las denuncias se dirigieron contra la empresa Mosqueta, perteneciente al Grupo Agro Visión.
Según los registros de los comuneros, en aquel periodo varios animales murieron presuntamente por envenenamiento y ataques de perros guardianes en diversos sectores, entre los que destacan El Milagro, Ficuar, Alto de Chulle, Chuncar, Mi Salvador, El Colorado y El Álamo. Los dirigentes sostienen que el avance de la frontera agrícola ha reducido progresivamente las áreas tradicionales de pastoreo, sumado a los problemas recurrentes relacionados con el manejo inadecuado de residuos industriales.
Frente a esta nueva denuncia, las familias afectadas exigen que el Ministerio Público y las autoridades ambientales realicen una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades legales y ambientales. Solicitan que, de comprobarse la negligencia, se ordene la reparación integral de los daños ocasionados, incluyendo la indemnización por la pérdida del ganado valorizado en 45 mil soles.
Este diario intentó establecer contacto con los representantes de la empresa Berries Harvest para obtener su versión sobre los hechos y conocer sus medidas preventivas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la compañía.
