Diversos centros educativos ubicados en la capital se mantienen en estado de protesta este miércoles, manifestando su rechazo categórico a las recientes decisiones administrativas tomadas por la Secretaría de Educación. Las movilizaciones han cobrado fuerza debido a los despidos masivos de personal de aseo y vigilancia que habían sido contratados durante los últimos cuatro años, quienes han sido separados de sus cargos bajo el argumento presunto de no cumplir con los requisitos establecidos por la institución gubernamental.
Una de las instituciones que se mantiene activa en estas manifestaciones es el Instituto Central Vicente Cáceres. En este centro educativo, tanto el cuerpo estudiantil como los padres de familia han denunciado la falta de comunicación y la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación. Los manifestantes no solo exigen claridad sobre los motivos de los despidos del personal de apoyo, sino que también han puesto sobre la mesa una problemática adicional que afecta gravemente la calidad educativa: la falta de docentes en el centro.
Según sostienen los representantes de la comunidad educativa del Instituto Central Vicente Cáceres, la combinación de la ausencia de maestros y la pérdida del personal de apoyo está impactando negativamente en el desarrollo normal de las actividades académicas. Afirman que el funcionamiento diario de la institución se ve comprometido, dificultando que los estudiantes reciban la formación adecuada en un entorno operativo óptimo.
De manera paralela, la escuela Modesto Rodas Alvarado también se ha sumado a las jornadas de protesta. En este establecimiento, los padres de familia centran sus demandas en la restitución de un trabajador de vigilancia. El caso ha generado especial indignación entre la comunidad, ya que el vigilante en cuestión trabajó durante 27 años percibiendo su salario a través de los aportes y gestiones de la propia comunidad educativa. No fue sino hasta hace dos años que el trabajador obtuvo una plaza formal asignada por la Secretaría de Educación, para posteriormente ser despedido, situación que los padres califican como injusta.
A estas acciones se han unido también estudiantes y padres de familia del Instituto Francia, ubicado en el centro de Tegucigalpa. Este grupo ha integrado sus demandas a las de los otros centros educativos, exigiendo que se restituya el personal despedido para garantizar la operatividad de sus instalaciones.
La preocupación generalizada de los padres de familia radica en que la salida del personal de vigilancia y de aseo repercute de manera directa y tangible en la seguridad y el mantenimiento de los planteles escolares. Los manifestantes han alertado que, sin el personal de vigilancia, no habrá nadie encargado de controlar el ingreso y la salida de los estudiantes, lo que deja la seguridad de los menores en una situación vulnerable. Asimismo, la falta de personal de limpieza implica que las aulas y las áreas comunes no podrán ser higienizadas, afectando la salud y el bienestar de la población estudiantil.
Mientras las comunidades educativas continúan presionando y esperando una respuesta favorable, la situación se ha tornado más tensa. De acuerdo con la información disponible, la Secretaría de Educación ha descartado el reintegro del personal que ha sido despedido. Además, la institución ha emitido advertencias sobre la posibilidad de tomar acciones ante la persistencia de las protestas en los centros educativos.
Hasta el momento, las manifestaciones se desarrollan en un clima de incertidumbre, mientras los afectados y los colectivos de padres de familia mantienen su postura de exigencia frente a las autoridades educativas, quienes sostienen que los despidos se basan en el incumplimiento de los requisitos normativos del cargo.
