La Asociación El Defensor del Paciente ha formalizado una reclamación patrimonial ascendente a 150.000 euros contra el Servicio Murciano de Salud (SMS). Esta acción legal surge a raíz de la presunta implantación de un stent vascular que se encontraba caducado en el momento de su colocación a un paciente de 65 años, quien había sido derivado a un centro hospitalario concertado en la región de Murcia.
El caso se enmarca dentro de un contexto judicial y policial más amplio, ya que está vinculado a la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), conocida mediáticamente como el "caso prótesis". A través de este procedimiento, la asociación busca obtener una indemnización económica que compense las lesiones físicas, las secuelas derivadas de la mala praxis y el daño moral que, según el escrito presentado, ha sufrido el paciente afectado como consecuencia directa de la intervención quirúrgica.
De acuerdo con los detalles expuestos en la reclamación, el afectado, identificado como Antonio, padecía una patología diagnosticada como arteriopatía periférica severa. Debido a la gravedad de su estado, fue intervenido el pasado 21 de marzo de 2022 en las instalaciones del Hospital Quirón de Murcia. Según consta en los documentos, la planificación quirúrgica inicial contemplaba la realización de un bypass; sin embargo, durante el desarrollo del proceso asistencial, el equipo médico optó por cambiar el procedimiento, decidiendo ejecutar una angioplastia.
Fue durante esta angioplastia cuando se procedió a la implantación del stent vascular. El núcleo de la controversia reside en que la fecha de caducidad de dicho dispositivo figuraba en febrero de 2022, es decir, el stent ya estaba caducado un mes antes de ser implantado en el cuerpo del paciente. Según sostiene la Asociación El Defensor del Paciente, este hecho queda fehacientemente acreditado en las etiquetas que fueron incorporadas a la documentación clínica del paciente, lo que serviría como prueba material de la irregularidad.
La reclamación señala que la intervención no alcanzó los objetivos clínicos esperados. Como resultado de la ineficacia del procedimiento inicial, el paciente tuvo que someterse, cuatro meses después de la primera cirugía, al bypass que originalmente se había previsto realizar. No obstante, las complicaciones no finalizaron con dicha intervención; tras recibir el alta médica, Antonio sufrió una trombosis del injerto. Esta complicación grave obligó al paciente a ingresar nuevamente para someterse a una cirugía de urgencia.
Desde el punto de vista legal y ético, la asociación afirma que la utilización de un dispositivo médico caducado representa una vulneración flagrante de los protocolos de seguridad asistencial que deben regir en cualquier centro sanitario. Asimismo, el escrito enfatiza que el paciente nunca fue informado por el personal médico o administrativo sobre la caducidad del material implantado, vulnerando así su derecho a la información y al consentimiento informado.
Un aspecto relevante del caso es el momento en que el paciente tomó conocimiento de los hechos. Según la reclamación, Antonio no supo que se le había implantado un dispositivo caducado hasta mayo de 2026, fecha en la que se hicieron públicas las investigaciones de la UDEF sobre una presunta trama de fraude sanitario.
En resumen, la demanda de 150.000 euros contra el Servicio Murciano de Salud se fundamenta en la cadena de errores que comienza con el uso de material sanitario fuera de plazo, continúa con el fracaso de la angioplastia, deriva en la necesidad de un bypass y culmina en una cirugía de urgencia debido a una trombosis, todo ello sumado al impacto psicológico y moral de descubrir la irregularidad años después a través de una investigación policial sobre fraude.
