Los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026 en La Guaira han dejado al descubierto una realidad devastadora: las ruinas actuales se han asentado sobre los escombros de tragedias previas, como las vaguadas de 2005 y 2010 y el deslave de 1999. Tras 27 años de recurrencia de eventos catastróficos, el antropólogo Rogelio Altez, profesor de la Universidad de Sevilla y especialista en riesgos y vulnerabilidad en Venezuela, advierte que el desafío actual trasciende la entrega de viviendas a los damnificados, señalando que el problema es estructural y producto de decisiones políticas erróneas.
Altez sostiene que la tragedia no puede explicarse únicamente por factores geomorfológicos o climáticos, sino por las condiciones históricas y sociales que han producido la vulnerabilidad de la región. Según el experto, la sociedad ha convivido de forma equívoca con el contexto ambiental del litoral central. El modelo de desarrollo, que transformó la zona de haciendas en un balneario para Caracas a finales del siglo XIX y posteriormente en un área urbanizada masivamente en la década de 1940, impulsó el asentamiento de población en suelos aluviales y cauces de ríos que bajan del Ávila.
Uno de los puntos más críticos señalados por Altez es el desprecio institucional por el conocimiento técnico. El antropólogo revela que, tras el desastre de 1999, se realizó un esfuerzo científico que contó con la ayuda de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA). El resultado fue un informe transversal sobre prevención en el área metropolitana y el litoral central, entregado formalmente al entonces presidente Hugo Chávez en 2005. No obstante, el documento fue ignorado y guardado en un cajón, omitiendo advertencias esenciales sobre la inconveniencia de construir en cauces de ríos y la necesidad de normas estrictas de diseño sismo-resistente para suelos aluviales, los cuales amplifican las ondas sísmicas.
Esta negligencia se ha manifestado concretamente en los proyectos de la Misión Vivienda Venezuela. Altez había advertido en 2019 que el repoblamiento del litoral mediante urbanismos construidos sobre cauces de ríos y quebradas multiplicaba los riesgos. Los hechos de 2026 confirman estas advertencias: varios de los edificios construidos en Caraballeda para damnificados de 2010 colapsaron, y aquellos que quedaron en pie resultaron inhabitables, careciendo además de servicios básicos como agua potable y saneamiento.
El experto también describe un patrón de "desplazamiento forzado y retorno forzoso". Explica que el Estado suele reubicar a los damnificados mediante decretos, pero falla al no proporcionar fuentes de trabajo que aseguren la supervivencia en los nuevos lugares. Esto provoca que las personas regresen masivamente a las zonas de riesgo, reproduciendo la vulnerabilidad. En este contexto, la gestión de riesgos se ha convertido en un lababirinto de competencias solapadas y falta de transparencia en el uso de recursos.
Como ejemplo de la ineficiencia institucional, Altez recuerda un estudio realizado para Corpovargas sobre desplazados y retornados. Al momento de entregar el informe final, no había directivos presentes y la institución tuvo que utilizar al personal de limpieza para simular una audiencia en el auditorio. Asimismo, denuncia el desmantelamiento técnico de Funvisis, organismo que en los años 90 era vanguardia regional pero que, según Altez, fue convertido en un "chiringuito" al servicio del gobierno, perdiendo su masa crítica de investigadores.
En cuanto a la infraestructura hidráulica, el antropólogo señala que la mayoría de las obras de control de cauces construidas tras 1999 fueron destruidas o abandonadas por falta de mantenimiento, quedando tragadas por la selva o el sedimento. Menciona específicamente la represa en La Llanada (Camuri Chico), la cual fue construida ignorando los niveles de inundación ya conocidos desde el evento de 1999.
Finalmente, Altez reflexiona sobre la importancia de la memoria y la precisión en el número de víctimas. Critica que, en la tragedia de 1999, el gobierno manejó cifras confusas, oscilando entre 25.000 y 50.000 fallecidos. Sugiere que esta falta de rigor pudo responder a intereses para atraer mayor cooperación internacional y créditos. Para el académico, la cuantificación precisa de las muertes es fundamental para respetar la dignidad de los fallecidos y evitar la construcción de una memoria distorsionada sobre las tragedias en Venezuela.
