Una mujer de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, se encuentra atravesando un momento crítico en su búsqueda de justicia tras tres años de lucha legal. A solo unas semanas de iniciarse el juicio oral contra el padre de su hijo, acusado de abuso sexual, la fiscal del caso decidió desistir de la acusación pública, dejando a la madre en una situación de vulnerabilidad procesal justo antes del debate fijado para el próximo 27 de julio.
El conflicto central radica en la decisión de la fiscal subrogante Daniela Ortíz, quien comunicó que el Ministerio Público Fiscal no participará en el debate oral. El argumento esgrimido por la funcionaria es la presunta "falta de pruebas suficientes" para sostener la acusación pública bajo los estándares legales y constitucionales vigentes. Esta resolución llega a pesar de que el Ministerio Público Fiscal había estado presente durante toda la etapa de investigación y ya había sostenido la acusación anteriormente.
Ante este escenario, la madre —cuya identidad se mantiene en reserva— y su abogada han decidido presentarse al juicio de manera independiente a través de la querella particular. Aunque saben que la ausencia de la fiscalía resta fuerza a la acusación, la mujer ha solicitado al jefe de los fiscales de Bariloche, Martín Lozada, que se revea la decisión de Ortíz.
La causa se originó el 10 de mayo de 2023, luego de que el niño, que en aquel entonces tenía tres años y medio, relatara haber mantenido "juegos sexuales" con su padre. Según el testimonio de la madre, antes de esta revelación ya había observado en el menor conductas sexualizadas y crisis de ansiedad. Tras la denuncia, el acusado, identificado como D.E., fue apartado del hogar.
D.E. es descrito por la denunciante como un hombre de gran peso intelectual y económico en la comunidad de Bariloche. Es psicólogo, licenciado y profesor en Letras, con medallas de honor y trayectoria como docente universitario y técnico en computación. La madre señaló que, si bien inicialmente admiraba su capacidad académica y su lenguaje fluido, con el tiempo percibió que se trataba de una persona con una gran capacidad de manipulación, a quien describió como narcisista y psicópata.
El proceso judicial ha estado marcado por la rotación de fiscales. Inicialmente, el caso estuvo a cargo de Martín Govetto, especialista en Violencia de Género. Tras su retiro a finales de 2023, el expediente pasó al fiscal Gerardo Miranda y, finalmente, este año, a Daniela Ortíz. Uno de los puntos más controvertidos fue la Cámara Gesell realizada en 2024. La madre denunció que dicha instancia fue "violenta" e "inducida", alegando que el foco estuvo puesto en cuestionar su salud mental y sus intenciones, más que en el testimonio del niño.
A pesar de estas complicaciones, el caso fue elevado a juicio oral el 13 de febrero del año pasado bajo la calificación de abuso sexual agravado. El juez de Garantías, Martín Arroyo, aprobó el debate basándose en pruebas que detallaban tocamientos impúdicos aprovechando la convivencia. La fiscalía, en aquel momento, consideró que los hechos encuadraban en el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por cometerse contra un menor con convivencia preexistente.
El expediente cuenta con un amplio respaldo probatorio que incluye actas de denuncia, informes periciales de la licenciada Andrea Maccione, la doctora Verónica Martínez y la licenciada Silvia Ceballos, actas del Hospital Zonal y un informe integral del Cuerpo de Investigación Forense (CIF). Asimismo, se propuso una lista de testigos compuesta por psicólogas, docentes y profesionales médicos.
En el camino hacia el juicio, la defensa de D.E. intentó solicitar una probation para evitar el debate, pedido que fue rechazado por la jueza Romina Martini. La magistrada señaló que el dictamen fiscal a favor de dicha suspensión no se basaba en razones de política criminal, sino en una valoración errónea sobre la fortaleza de la prueba, omitiendo la vulnerabilidad del niño.
La urgencia actual es máxima, ya que en agosto vencen los tres años que establece el Código Procesal Penal de Río Negro como plazo máximo para que una persona esté sometida a proceso. Si no se resuelve la situación o el juicio no avanza, la causa podría caerse. Por ello, la querella ha solicitado a la Procuración un examen integral del desistimiento de la fiscal Ortíz y la reasignación del legajo a los fiscales que sostuvieron la acusación original.
