Cada 4 de julio, Chile conmemora el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, una fecha instaurada formalmente mediante la Ley 21.696. Esta conmemoración no representa simplemente una nueva efeméride en el calendario, sino que constituye el reconocimiento oficial de una demanda ciudadana que emergió desde los territorios y que hoy interpela a todo el país. El objetivo fundamental de esta fecha es garantizar que ninguna persona vea vulnerado su derecho a la salud debido a situaciones de negligencia, abandono o la falta de un acceso oportuno a la atención médica.
Esta conmemoración posee un profundo significado humano, ya que nace de la historia de Amelia Rayén Salazar Jorquera, una niña que falleció tras haber recibido una atención deficiente en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Lo que inició como una búsqueda individual de justicia por parte de su familia se transformó, gracias al compromiso y la persistencia de sus padres, Mauricio y Camila, en un movimiento social. Este impulso logró trascender el dolor personal para buscar cambios estructurales en el sistema de salud chileno. De este modo, la memoria de Amelia representa también la de miles de personas que han visto afectado su derecho a recibir una atención digna y oportuna.
La historia de Amelia Rayén sirve como un recordatorio crítico de que, detrás de cada cifra en las listas de espera, de cada diagnóstico tardío o de cada brecha en el acceso, existen rostros humanos, familias y proyectos de vida. Cuando se comprende que las consecuencias de un sistema insuficiente pueden ser irreparables, la salud deja de ser una estadística para convertirse en una urgencia ética y social.
Sin embargo, el análisis sobre la salud digna exige ampliar la perspectiva. La atención médica y sanitaria es solo una parte de la ecuación del bienestar. La evidencia demuestra que la salud de las personas está determinada, en gran medida, por las condiciones en las que nacen, crecen, estudian, trabajan y envejecen. Estos factores son conocidos como las determinantes sociales de la salud, que incluyen aspectos como la educación, los ingresos económicos, la calidad de la vivienda, el empleo, el acceso al agua potable, la alimentación saludable, el transporte y el entorno comunitario. Son precisamente estos elementos los que explican buena parte de las desigualdades en salud que se observan actualmente en la sociedad.
Por lo tanto, defender el derecho a la salud implica mucho más que fortalecer la infraestructura de los hospitales o aumentar la disponibilidad de médicos especialistas. Significa el diseño y la ejecución de políticas públicas capaces de reducir las inequidades sociales que condicionan la salud de los ciudadanos antes incluso de que una persona cruce la puerta de un centro asistencial. Asimismo, este enfoque exige avanzar hacia un modelo de atención humanizada, donde el respeto, la empatía y el buen trato sean considerados tan importantes como la tecnología, los recursos clínicos o la infraestructura física.
En definitiva, conmemorar el 4 de julio es realizar un ejercicio de memoria, pero también asumir un compromiso con el futuro. Es recordar a Amelia y a todas aquellas personas cuya vida fue truncada por las falencias del sistema, al tiempo que se reafirma la premisa de que la salud no puede depender del lugar donde se nace, del nivel de ingresos o del territorio en el que se viva.
Una sociedad que sitúa la dignidad en el centro de sus prioridades entiende que el derecho a la salud no comienza estrictamente en un hospital, sino en las oportunidades brindadas para vivir una vida saludable y en la capacidad del Estado y de cada gobierno de garantizar una atención oportuna, segura y de calidad en el momento de mayor necesidad. Este es el desafío fundamental que plantea el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna: transformar el dolor en memoria, la memoria en participación y la participación en políticas públicas que hagan efectivo, para todas y todos, un derecho humano fundamental.
