La jueza suprema titular e integrante de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Emilia Bustamante Oyague, ha puesto de relieve la crítica situación que enfrenta el sistema sucesorio en el Perú, enfatizando la urgente necesidad de promover el uso del testamento para evitar prolongados conflictos familiares y la saturación del sistema judicial.
Estas declaraciones fueron emitidas durante su ponencia titulada “Las relaciones familiares en los procesos sucesorios: visión del derecho peruano”, la cual se desarrolló de manera virtual en el marco de las “Segundas Jornadas Cordobesas de Derecho Sucesorio”. Este evento académico fue organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, como un homenaje a la destacada trayectoria del experto en derecho sucesorio Héctor Roberto Goyena Copello. El encuentro contó además con la participación de especialistas provenientes de España, México y Argentina.
Durante su intervención, Bustamante Oyague destacó que el testamento es un instrumento fundamental y útil, ya que permite que una persona, mientras está en vida, pueda disponer de su patrimonio en favor de los herederos previstos por la ley. No obstante, la magistrada fue enfática al señalar que, para que este documento sea realmente eficaz, pueda ejecutarse sin contratiempos y no sea cuestionado posteriormente, es indispensable que sea otorgado bajo el asesoramiento especializado de profesionales en la materia.
Asimismo, la jueza subrayó que existe una necesidad imperante de incrementar la difusión sobre la utilidad de este instrumento legal. Según Bustamante Oyague, es fundamental que la decisión sobre cómo ordenar la sucesión y quiénes serán los beneficiarios sea planificada por el titular del patrimonio, es decir, el testador, evitando así que la distribución de los bienes quede al azar o a la interpretación judicial.
Para ilustrar la problemática, la magistrada, quien también se desempeña como profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es magíster en investigación jurídica, mencionó una realidad común en las calles de Lima. Señaló que es frecuente encontrar avisos de advertencia en inmuebles que buscan evitar compras fraudulentas o problemáticas, con frases como “propiedad en litigio, no se vende” o “somos siete herederos y no una heredera, propiedad sucesoria en litigio, no se vende”.
Para la jueza suprema, estas expresiones son la evidencia visible de que el inmueble posee un problema legal de difícil solución. Estas situaciones reflejan la existencia de profundas discrepancias, resentimientos y desacuerdos entre los familiares respecto a la cuota hereditaria que le corresponde a cada integrante, conflictos que suelen originarse precisamente por la ausencia de un testamento. Esta falta de previsión conlleva a que un número creciente de ciudadanos acuda al Poder Judicial para resolver estas disputas mediante procesos de sucesión intestada, lo que incrementa significativamente la carga procesal de los tribunales.
Como ejemplo concreto de las consecuencias de no testar, Bustamante Oyague relató un caso que conoció en su calidad de docente y magistrada, el cual permaneció en los tribunales de justicia durante cuarenta años. En este proceso, los causantes originales —los abuelos fallecidos— no dejaron testamento. Ellos tuvieron cinco hijos, quienes también fallecieron, y estos a su vez tuvieron sus propios herederos.
La magistrada explicó que, debido a la falta de un acuerdo de división y partición entre los hijos en su momento, el conflicto se extendió a las siguientes generaciones. El resultado fue un expediente judicial donde se involucraron nietos, hermanos de nietos, primos y hasta bisnietos, alcanzando un total de sesenta personas implicadas en el litigio. “No es cuento, es un expediente”, precisó la jueza para enfatizar la complejidad de tales procesos.
Finalmente, la jueza suprema presentó datos alarmantes sobre la cultura del testamento en el Perú. Informó que, según la información disponible, en el año 2024 el número de testamentos otorgados a nivel nacional fue de apenas 9 mil 160. Esta cifra resulta mínima si se contrasta con la población total del país, que asciende a 33 millones de personas, de las cuales un tercio es población adulta con patrimonio e intereses que podrían legar.
Respecto a la distribución geográfica, detalló que el 50 % de los testamentos se otorgan en Lima y Callao, mientras que el 50 % restante se distribuye de manera cuantitativa en el resto de las provincias del país. Esta estadística revela, según la magistrada, una marcada falta de promoción y utilización de este instrumento. Ante este escenario, Bustamante Oyague reflexionó sobre si la causa radica en la poca difusión, en que el proceso sea demasiado oneroso para el ciudadano peruano, o en la tendencia social de postergar la resolución de estos asuntos, dejándolos en manos de los tribunales de justicia.
