¿Actuó al margen de la ley una exministra de Seguridad? La Contraloría General de la República ha determinado que Trinidad Steinert se extralimitó en sus funciones durante su gestión como secretaria de Estado.
Según un oficio exclusivo revelado por Radio Bío Bío, el órgano fiscalizador concluyó que Steinert excedió sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes detallados sobre funcionarios que formaban parte de una investigación penal en curso.
Los hechos ocurrieron el 13 de marzo, apenas 48 horas después de que asumiera el cargo. La exministra requirió nombres, RUT, grados y antecedentes disciplinarios de policías vinculados al caso “Clan Chen” en Tarapacá. Para la Contraloría, esta información no era necesaria para las labores de planificación, coordinación o supervisión del Ministerio de Seguridad y, además, podría haber afectado el desarrollo de la investigación penal, acción que está expresamente prohibida por la legislación.
Un punto crítico del dictamen es el posible conflicto de interés. El organismo señaló que Steinert había trabajado previamente con esa misma brigada policial durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá, por lo que debió observar el deber de abstención para evitar cualquier conflicto derivado de su relación profesional previa.
Este pronunciamiento se originó tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla. El caso también generó dudas sobre una eventual “pasada de cuenta”, ya que días después de estas solicitudes, la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, fue removida de su cargo.
Es importante precisar que, aunque la Contraloría concluyó que la actuación de Steinert no se ajustó al ordenamiento jurídico, el dictamen no atribuye responsabilidades penales ni cuestiona la legalidad de la salida de la prefecta general de la PDI, la cual fue considerada ajustada a derecho.
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