¿Corrupción en el monopolio del oro? Una denuncia explosiva ha puesto en el ojo del huracán al Ministerio de Minas y Energía y a la Sociedad de Activos Especiales, la SAE. Marlon Díaz, contratista de la SAE, solicitó a la Fiscalía investigar una presunta red dedicada a la compra, legalización y exportación de oro de origen ilícito o sin trazabilidad.
El centro de la polémica es Meprecol, empresa que pasó de la SAE al Ministerio de Minas. Según el denunciante, existiría una estructura de cooperativas y comercializadoras para dar apariencia de legalidad a minerales vinculados a organizaciones criminales. En el documento se menciona como presuntos implicados al ministro Edwin Palma, a la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, y a otros funcionarios y empresarios.
El escándalo financiero se centra en el giro de 5.600 millones de pesos a una empresa llamada Spectre Consulting para "monetizar" recursos y entregar efectivo en territorio. Un revisor fiscal alertó sobre riesgos de triangulación y falta de traza documental. Según los reportes, cerca de 1.200 millones de pesos de esa operación aún no han sido justificados.
Ante las acusaciones, María Isabel Carrillo, representante de Meprecol, negó las irregularidades. Aseguró que el uso de efectivo es necesario porque en las zonas mineras no hay bancos y que cuentan con una oficina de cumplimiento para revisar cada gramo de oro. Por su parte, desde la SAE, Mery Janneth Gutiérrez señaló que el denunciante tiene múltiples procesos en su contra y que lo ha denunciado penalmente por injuria y calumnia.
Actualmente, la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder los documentos, facturas y comunicaciones internas para determinar si hubo actos ilegales en la operación del metal precioso bajo control del Estado.
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