Tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que posicionó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, como la virtual presidenta del Perú, han surgido fuertes cuestionamientos sobre la validez del proceso. En una entrevista concedida al medio Exitosa, el vocero de la agrupación política Juntos por el Perú, Walter Ayala, manifestó que la futura administración de Fujimori carecería de legitimidad.
El abogado y exministro de Defensa basó su postura en irregularidades detectadas en el proceso de votación de los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Según Ayala, el sufragio en el extranjero se llevó a cabo bajo el amparo de una normativa que, a su juicio, contraviene lo establecido en la Constitución Política del Perú.
En sus declaraciones, Ayala fue enfático al señalar que los ciudadanos fuera del país votaron bajo una ley que considera nula. El vocero argumentó que dicha legislación viola principios fundamentales como la Constitución, la transparencia, la intangibilidad normativa y la cadena de custodia. De acuerdo con el representante de Juntos por el Perú, estas fallas legales traerán como consecuencia directa una polarización social y resultarán en un gobierno ilegítimo para la señora Keiko Fujimori.
En este contexto, Walter Ayala rechazó la narrativa que presenta a Fujimori Higuchi como una "salvadora" o como un "ejemplo de lo que es ganar y perder". El exministro criticó duramente la trayectoria política de la candidata, señalando que, a pesar de haber contado con una representación considerable de más de 73 congresistas, la lideresa de Fuerza Popular ha pasado más de 15 años, en palabras del vocero, "jdiendo al Perú".
Asimismo, Ayala reveló que tanto su agrupación política, Juntos por el Perú, como el dirigente Roberto Sánchez, han decidido no reconocer a Keiko Fujimori. Esta decisión busca evitar que el país caiga en un escenario político similar al ocurrido con Perú Libre, sugiriendo que el no reconocimiento es una medida para prevenir conflictos de una naturaleza similar.
Respecto a la legitimidad de la victoria, el abogado calificó la misma como "escasa". Ayala hizo una distinción clara entre la legitimidad jurídica y la legitimidad social. Indicó que, si bien es probable que la presidenta electa cuente con la legitimidad formal otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que la ONPE legalice el proceso en su momento, dicha validación administrativa difiere de lo que ocurre "en el pueblo y las calles".
No obstante, el vocero reconoció que el ascenso de Keiko Fujimori al Poder Ejecutivo representa una oportunidad. Según Ayala, la futura mandataria y su equipo tendrán en sus manos la posibilidad de limpiar la "historia fatal" que acompaña al apellido Fujimori, sugiriendo que su gestión podría servir para resarcir la imagen familiar y política.
Finalmente, Walter Ayala planteó una condición fundamental para el equilibrio de poderes en el país. Señaló que, como primer acto necesario, el fujimorismo no debe integrar la Mesa Directiva del Congreso de la República. El vocero sostuvo que es inviable que Keiko Fujimori concentre el poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, ya que esto anularía cualquier posibilidad de control político y fiscalización.
En conclusión, la postura de Juntos por el Perú, expresada a través de Walter Ayala, es de rechazo a la legitimidad del gobierno entrante debido a las presuntas nulidades en la ley de votación exterior, aunque reconoce que el periodo presidencial podría ser la instancia para limpiar la trayectoria del apellido de la presidenta virtual.
