La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) ha confirmado que mantiene abierta y activa una investigación exhaustiva en relación con el intento de fuga de menores de edad procedentes de un albergue administrado por el DIF Estatal en la ciudad de Tijuana. Esta información fue proporcionada por el presidente del organismo, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, quien detalló el estado actual de las diligencias y el proceso administrativo que se sigue para esclarecer los hechos.
De acuerdo con lo informado por Ochoa Orduño, el expediente relacionado con este incidente fue iniciado de oficio por la comisión inmediatamente después de que se conocieran los hechos. En este momento, el proceso se encuentra en una etapa fundamental de integración, lo que implica que el personal especializado de la CEDHBC está llevando a cabo todas las diligencias necesarias para recabar evidencias y testimonios antes de proceder a la emisión de una resolución final sobre el caso.
En cuanto a las acciones inmediatas, el presidente de la CEDHBC precisó que el equipo de la comisión se trasladó a las instalaciones del albergue apenas un día después de que se registrara el incidente. El objetivo de esta visita presencial fue realizar las diligencias correspondientes, solicitar la información oficial pertinente y comenzar con la recopilación de todos los elementos probatorios relacionados con el intento de escape de los adolescentes.
Uno de los pilares de esta investigación ha sido la obtención de testimonios directos. Ochoa Orduño señaló que, como parte de las actividades de integración del expediente, se han llevado a cabo entrevistas detalladas con las niñas, niños y adolescentes que permanecen bajo el resguardo del albergue. Asimismo, el organismo ha vinculado en el proceso a algunos padres y madres de familia relacionados con los expedientes de los menores involucrados.
Sobre el avance de estas indagatorias, el titular de la CEDHBC declaró: "Estamos en integración, hemos pedido información, hubo entrevista con algunas niñas, niños y adolescentes, principalmente hacia el interior para ver qué fue lo que sucedió. Es una información que tenemos reservada y que estamos analizando". Esta reserva de información responde a la naturaleza sensible del caso y a la protección de los derechos de los menores involucrados.
Además de las diligencias de campo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sostuvo una reunión de alto nivel con diversas autoridades. En dicho encuentro participaron la directora del DIF Estatal, representantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la presidenta del Patronato DIF. El propósito de esta reunión fue revisar específicamente el caso del intento de fuga, además de analizar otros asuntos relacionados con la operatividad y el cuidado de los menores.
Ochoa Orduño enfatizó que el análisis de estos casos no puede ser generalizado, ya que cada expediente posee características particulares que deben ser estudiadas minuciosamente. Por ello, el proceso requiere la solicitud formal de informes, el desahogo de actuaciones legales y un análisis profundo de la información recabada antes de que la comisión pueda determinar si existe alguna responsabilidad administrativa o vulneración de derechos en el manejo del albergue.
Mirando hacia el futuro inmediato, el funcionario indicó que se ha establecido una agenda de seguimiento. Según sus declaraciones, se prevé que en un lapso de aproximadamente dos semanas se retomen las reuniones y las mesas de trabajo coordinadas entre el DIF Estatal y la comisión para dar continuidad al análisis de los hallazgos.
Finalmente, se informó que el fortalecimiento de la atención a la infancia y adolescencia es un objetivo compartido. En este sentido, el presidente de la CEDHBC mencionó que organismos internacionales como UNICEF colaboran estrechamente con el DIF Estatal mediante acciones de capacitación. La CEDHBC participa activamente en este proceso de capacitación con la finalidad de robustecer los protocolos de atención y asegurar que el servicio brindado a las niñas, niños y adolescentes sea el adecuado y respete plenamente sus derechos humanos.
