En una intervención estratégica destinada a combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, el Ejército Ecuatoriano llevó a cabo un operativo militar en el recinto La Lola Grande, ubicado en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos. El despliegue, que tuvo lugar en una zona limítrofe con el cantón Babahoyo, resultó en el decomiso de armamento, equipos de comunicación y diversos vehículos, como parte de las acciones permanentes para neutralizar actividades ilícitas en la región.
Según la información preliminar difundida por la institución castrense a través de su cuenta oficial en la red social X, el objetivo primordial de estas acciones es combatir la persistencia de grupos criminales que operan en el territorio. Las autoridades militares indicaron que existe la presunción de que el armamento incautado durante la incursión era utilizado para amedrentar a los habitantes del sector, afectando la tranquilidad y la seguridad de la población civil en el área rural.
El inventario detallado del material decomisado revela la naturaleza de los equipos utilizados por los presuntos infractores. Entre las armas de fuego se contabilizó un rifle calibre .22 y tres armas de fabricación artesanal. Asimismo, el operativo permitió la recuperación de 304 perdigones calibre .22, munición que complementaba la capacidad operativa del armamento hallado.
Además de las armas, el Ejército puso bajo custodia equipos tecnológicos y de comunicación que sugieren una organización coordinada. Entre los elementos incautados se encuentran tres radios de comunicación y dos cargadores para dichos dispositivos, herramientas esenciales para la coordinación de actividades en campo. También fueron retirados del lugar cuatro dispositivos móviles y una cámara de videovigilancia, equipo este último que podría haber sido empleado para el monitoreo de los alrededores y la detección de movimientos de las fuerzas del orden.
El operativo no se limitó únicamente al armamento ligero y equipos electrónicos. En el lugar de la intervención, las autoridades hallaron sustancias catalogadas como drogas, armas de fuego de diferentes calibres adicionales a las mencionadas anteriormente, y un parque automotor considerable compuesto por más de 30 motocicletas y varios vehículos. Este hallazgo subraya la magnitud de la estructura que operaba en el recinto La Lola Grande.
Este operativo se desarrolla en un contexto crítico para la seguridad nacional. La provincia de Los Ríos, junto con Guayas, Manabí y Esmeraldas, ha sido incluida en decretos de estado de excepción emitidos por el Gobierno Nacional debido a una grave conmoción interna. Estas medidas extraordinarias responden a la necesidad de enfrentar la presencia de la delincuencia organizada y recuperar el control territorial en zonas vulnerables.
Las Fuerzas Armadas han enfatizado que estas operaciones de ámbito interno se ejecutan de manera sostenida y responden a labores previas de inteligencia, siguiendo estrictamente las directrices de seguridad establecidas por el Estado. El despliegue militar busca no solo el decomiso de materiales ilícitos, sino también la protección directa de la ciudadanía y la disuasión de delitos como la extorsión y el tráfico de armas.
En los últimos meses, el Ejército ha reportado la ejecución de acciones similares en diversos cantones de Los Ríos y provincias aledañas. Esta tendencia confirma que el operativo en Montalvo es parte de una estrategia más amplia y coordinada para desarticular las capacidades logísticas de las estructuras delictivas en la zona costera y rural del país.
Finalmente, el Ejército Ecuatoriano ratificó su compromiso de mantener la operatividad permanente en el territorio para prevenir la intimidación en sectores urbanos y rurales. Aunque hasta el momento no se han reportado detenciones adicionales derivadas de este operativo específico, las autoridades mantienen un despliegue activo en la zona para garantizar el orden público. Las investigaciones sobre el origen y el destino final del material decomisado continúan en curso, coordinadas con las autoridades competentes para determinar las responsabilidades legales correspondientes.
