La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la implementación de una comisión especializada con la misión de inspeccionar las viviendas que resultaron afectadas por los terremotos ocurridos el pasado miércoles. El objetivo principal de este grupo de trabajo será evaluar las estructuras dañadas para determinar cuáles de ellas reúnen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias para que las familias puedan regresar a sus hogares.
Según explicó Rodríguez durante una transmisión a través del canal Venezolana de Televisión (VTV), la comisión estará conformada por un equipo multidisciplinario que integra organismos públicos, especialistas en el área de ingeniería y diversas universidades. La labor de este grupo se considera fundamental para definir la situación inmediata de miles de ciudadanos que, tras el desastre telúrico, se encuentran fuera de sus residencias.
El proceso de evaluación de casas, edificios y otras infraestructuras se llevará a cabo de manera inmediata. Para ello, el equipo técnico empleará un sistema de clasificación basado en los colores de un semáforo, el cual permitirá establecer el nivel de riesgo de cada inmueble. De acuerdo con este método, las edificaciones serán marcadas con el color verde si pueden seguir siendo utilizadas, amarillo si requieren reparaciones previas antes de ser ocupadas, o rojo en caso de que la estructura represente un peligro inminente para sus habitantes.
Delcy Rodríguez subrayó que la comisión presidencial ya se encuentra operando para verificar las condiciones de habitabilidad y agilizar el retorno de las personas a sus viviendas. Además de las zonas residenciales, el equipo técnico revisará el estado de carreteras, puentes y diversas obras de infraestructura pública que pudieron haber sufrido daños estructurales debido a los movimientos sísmicos. La inclusión de colegios de ingenieros y universidades tiene como propósito aportar evaluaciones técnicas independientes que permitan acelerar el diagnóstico en las zonas más golpeadas.
En el ámbito educativo, Rodríguez confirmó que se ha prorrogado la suspensión de clases por una semana adicional. Esta medida responde a la necesidad de continuar las inspecciones en escuelas y edificios públicos, buscando reducir cualquier riesgo potencial hasta que se tenga un panorama claro y detallado sobre la seguridad de las instalaciones educativas.
Paralelamente, se informó sobre la creación de una segunda instancia encargada de brindar atención a las personas que perdieron totalmente sus viviendas. Este grupo, que estará presidido por el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, tendrá la responsabilidad de organizar campamentos temporales para los damnificados y desarrollar proyectos de construcción de nuevos inmuebles para aquellas familias que no puedan regresar a sus hogares originales. En esta comisión participarán representantes del Ministerio de Hábitat y Vivienda, junto con autoridades nacionales, regionales y municipales de Caracas y de los estados La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, identificados como las entidades con mayores afectaciones.
Respecto a la recuperación de los servicios públicos, se presentó un balance enfocado en el estado La Guaira, la zona más impactada por los derrumbes. Las cifras oficiales indican que el suministro eléctrico ha sido restablecido en un 75 %, mientras que el servicio de agua potable presenta una recuperación del 68 %. Asimismo, se aseguró que aproximadamente el 90 % de la red vial ya se encuentra operativa.
En cuanto a las labores de emergencia, Rodríguez afirmó que los operativos de búsqueda y rescate continúan activos. El balance oficial difundido este domingo señala que 33 personas han sido rescatadas con vida. Equipos especializados en búsqueda urbana, tanto nacionales como internacionales, permanecen desplegados, principalmente en La Guaira, bajo la premisa de que las labores no cesarán mientras exista la posibilidad de hallar sobrevivientes.
El saldo trágico de los sismos, que registraron magnitudes de 7,2 y 7,5 el pasado miércoles, asciende a 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. Actualmente, 12.721 familias permanecen en condición de damnificadas.
A pesar de los anuncios gubernamentales, en las zonas más afectadas ha crecido el malestar entre vecinos y voluntarios debido al ritmo de las tareas de rescate. En la localidad de Tanaguarena, estado La Guaira, pobladores reclamaron a los efectivos militares que abandonaran sus funciones de vigilancia para integrarse activamente en la remoción de escombros. Durante las protestas, un manifestante exigió a los uniformados dejar sus armas para colaborar en la búsqueda de víctimas en un edificio colapsado.
Alexander Mijares, un comerciante que se desempeña como voluntario en la búsqueda de una amiga desaparecida, cuestionó la presencia de militares armados en la zona, señalando que deberían haber llegado con herramientas de rescate en lugar de fusiles. Tras estas exigencias, los efectivos militares procedieron a utilizar picos y palas para colaborar en la remoción de escombros, reflejando la presión de las comunidades para acelerar la recuperación de las víctimas.
