En el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, la querella que representa a los familiares de las víctimas compareció este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en Río Gallegos para presentar sus alegatos. Durante la primera jornada de estas exposiciones, las abogadas solicitaron formalmente la aplicación de la pena máxima para los cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina que se encuentran procesados en esta causa.
La representación legal de los familiares, integrada por las abogadas Lorena Arias y Valeria Carreras, sostuvo que la pérdida de la embarcación y la muerte de sus 44 tripulantes no fueron la consecuencia de un hecho fortuito o imprevisible. Por el contrario, argumentaron que la tragedia fue el resultado directo de una serie de decisiones, omisiones y advertencias que fueron ignoradas por quienes ejercían las responsabilidades de conducción dentro de la estructura naval.
En sus alegatos, las representantes legales fueron tajantes al afirmar que "no fue el mar el que los hundió". Con esta frase, buscaron desplazar el foco de la fatalidad climática o geográfica hacia la responsabilidad humana y jerárquica. En consecuencia, solicitaron que se impongan cinco años de prisión efectiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos a los acusados: los ex jefes militares Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.
Uno de los pilares fundamentales de la acusación se centró en el estado técnico del submarino al momento de su última misión, el 15 de noviembre de 2017. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la querella, el ARA San Juan fue enviado a cumplir una misión para la cual no estaba plenamente preparado. Las abogadas señalaron que el buque navegó sin haber cumplido con los ensayos de seguridad correspondientes y que acumulaba problemas técnicos significativos.
Durante el desarrollo del juicio, se presentaron pruebas que, a criterio de la querella, demuestran una degradación progresiva de las condiciones técnicas de la nave. Se destacó que el submarino llevaba varios años sin realizar tareas de mantenimiento consideradas importantes, lo que habría encendido alarmas que fueron desestimadas por la cadena de mando. Para las abogadas, los cuatro acusados tenían pleno conocimiento de estas limitaciones operativas y, a pesar de ello, permitieron que la nave continuara en actividad.
Asimismo, la querella rechazó la estrategia implementada por las defensas de los acusados, quienes intentaron concentrar la responsabilidad del suceso en la figura del entonces comandante del submarino, Pedro Martín Fernández. Las abogadas Arias y Carreras argumentaron que las decisiones vinculadas a la seguridad de la misión no dependían exclusivamente de quien estaba al mando de la nave, sino que involucraban a toda la cadena jerárquica de la Armada.
En este sentido, se reveló que el comandante Fernández había advertido formalmente sobre diversas novedades técnicas meses antes de la última navegación. Según la querella, estos reportes llegaron a sus superiores y existía información suficiente para revisar las condiciones de la misión o adoptar medidas preventivas que pudieran haber evitado el desenlace fatal.
Otro punto crítico mencionado fue una navegación realizada en julio de 2017. En dicha oportunidad, se registraron inconvenientes que, según la acusación, anticipaban los problemas que se manifestarían meses después. Las representantes legales consideraron que aquel episodio fue una señal temprana de los riesgos que enfrentaba la embarcación, pero que dichas advertencias no fueron debidamente valoradas por el mando naval.
Finalmente, la querella aclaró que, aunque no se haya podido determinar con precisión quirúrgica qué ocurrió dentro del submarino inmediatamente antes de la implosión, el debate judicial debe centrarse en las decisiones previas. Sostuvieron que los riesgos eran previsibles y que los 44 tripulantes perdieron la vida debido a una combinación de fallas y omisiones evitables. Además de las penas carcelulares, la querella dejó abierta la posibilidad de iniciar reclamos posteriores por los daños sufridos por los familiares.
El proceso judicial continuará en los próximos días con las exposiciones de otras querellas y los alegatos de las defensas, antes de que el tribunal dicte el fallo final sobre las responsabilidades penales en esta tragedia.
