La situación asistencial en el Instituto de Previsión Social (IPS) ha alcanzado niveles críticos, según denuncian diversos asegurados que enfrentan demoras extremas para acceder a estudios diagnósticos básicos y especializados. La gravedad de la crisis quedó evidenciada a través del testimonio de Liz Cáceres, una asegurada que relató haber recibido una cita para una ecografía renal programada para el martes 5 de enero del año 2027. Ante tal fecha, la mujer manifestó su asombro y desesperación, afirmando que, en un primer momento, creyó haber leído mal la notificación del turno.
Esta problemática no es un caso aislado, sino que afecta a un amplio sector de la población asegurada, especialmente a aquellos pacientes oncológicos. Según el relato de Cáceres, quienes padecen cáncer se encuentran en una situación de vulnerabilidad aún mayor, ya que esperan turnos para estudios fundamentales como mamografías y ecografías mamarias. La alta demanda que registran tanto el Hospital Central como los servicios tercerizados ha derivado en una dinámica desesperante para los pacientes: para intentar conseguir un turno, los asegurados se ven obligados a presentarse frente al centro de imágenes desde las 5 de la mañana.
Más allá de las demoras en los turnos, se ha denunciado una falla estructural en la provisión de estudios de alta complejidad. Específicamente, los convenios para la realización de centellografías y PET-CT (Tomografía por Emisión de Positrones y Tomografía Computarizada) habrían vencido el pasado 20 de mayo. De acuerdo con la denuncia, las empresas privadas que brindaban estos servicios han dejado de realizarlos debido a que la entidad previsional mantiene deudas pendientes con ellas, lo que ha dejado a los pacientes sin una alternativa de diagnóstico cubierta por el seguro.
El impacto económico de esta situación recae directamente sobre los asegurados. Se detalló que el costo de una centellografía ronda los Gs. 1.000.000, mientras que un estudio de PET-CT puede oscilar entre los Gs. 11 y 12 millones. Para la gran mayoría de los pacientes, cubrir estos montos de manera particular resulta prácticamente imposible, lo que posterga diagnósticos críticos y pone en riesgo la efectividad de los tratamientos.
Paralelamente a la crisis de los estudios diagnósticos, se ha alertado sobre un grave desabastecimiento de medicamentos oncológicos en la farmacia del IPS. La falta de insumos incluye tratamientos de elevado costo, esenciales para la supervivencia y calidad de vida de los pacientes. Entre los fármacos ausentes se mencionaron el Bronismapor, la Abiraterona, la Leuprorelina, el Ácido zoledrónico, el Letrozol, el Calcio, así como analgésicos fuertes como el Tramadol y la Morfina.
La crisis no se limita exclusivamente al IPS. Según las declaraciones de Liz Cáceres, el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) también se encuentra en un estado crítico y desabastecido, lo que reduce drásticamente las opciones de los enfermos. La denunciante señaló con amargura que, ante este escenario, a los pacientes no les queda más opción que esperar, mientras su salud se deteriora.
Sobre la gestión institucional, se mencionó que el director del IPS, el Dr. Isaías Fretes, ha reconocido que la institución atraviesa serias dificultades financieras. Al respecto, Cáceres señaló que el director "solo no puede hacer magia", subrayando que la raíz del problema es la falta de dinero para responder a la creciente demanda de servicios y suministros.
En medio de este contexto de precariedad, surgió una fuerte crítica hacia las prioridades de inversión de la institución. Liz Cáceres, visiblemente afectada y entre lágrimas, cuestionó la inversión destinada al proyecto del "hospital virtual". La asegurada expresó su incomprensión ante la asignación de recursos a dicha iniciativa, calificándola de "porquería" y cuestionando la utilidad de un hospital virtual cuando no se cuenta siquiera con los medicamentos básicos para los pacientes.
Actualmente, mientras se evalúa la posibilidad de emitir una declaración de emergencia sanitaria para paliar la crisis, los pacientes continúan reclamando respuestas urgentes y concretas para acceder a los estudios, medicamentos y tratamientos esenciales que el sistema previsional debería garantizarles.
