Una jueza federal de los Estados Unidos ha emitido un fallo el pasado lunes mediante el cual se bloquea una medida impulsada por el Gobierno de Trump. Dicha disposición permitía que cinco estados restringieran la compra de dulces y bebidas azucaradas utilizando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, comúnmente conocidos como cupones de alimentos o SNAP.
Esta resolución judicial representa un revés significativo para la iniciativa denominada “Make America Healthy Again” (MAHA), liderada por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. El movimiento MAHA tiene como objetivo central la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados en la población estadounidense, buscando con ello disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas, con especial énfasis en la lucha contra la obesidad y la diabetes.
Para llevar a cabo estas restricciones, Robert F. Kennedy Jr. ha mantenido una colaboración estrecha con la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins. A través de esta coordinación, la secretaria Rollins había concedido solicitudes de exención a casi dos docenas de estados, permitiéndoles limitar la adquisición de ciertos productos alimenticios dentro del marco del programa SNAP. Cabe destacar que, debido a los tiempos procesales, no todas estas prohibiciones habían llegado a entrar en vigor todavía.
La jueza de distrito de EE.UU., Amy Berman Jackson, quien preside el caso en el Distrito de Columbia, determinó que el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) no posee la autoridad legal necesaria para aprobar exenciones estatales en los proyectos piloto implementados en Colorado, Iowa, Nebraska, Tennessee y Virginia Occidental.
Según el análisis del caso, los estados involucrados buscaban modificar la definición federal de lo que constituye un "alimento" para introducir una definición más restrictiva que excluyera ciertos productos. Aunque las prohibiciones variaban ligeramente entre cada estado, todas tenían en común la limitación de la compra de bebidas azucaradas, incluyendo refrescos y bebidas energéticas. En algunos de estos estados, la restricción se extendía también a los dulces. Un punto crítico de la medida era que las limitaciones se aplicaban de manera general a todos los beneficiarios de SNAP, sin contemplar ningún tipo de excepción.
La demanda fue impulsada por cinco beneficiarios de los cupones de alimentos, quienes argumentaron ante el tribunal que la adquisición de los artículos restringidos es necesaria para su salud y bienestar general. Entre los testimonios presentados, se describió que algunas de las bebidas azucaradas son requeridas para el manejo de condiciones médicas específicas, tales como la diabetes tipo 1, problemas renales y situaciones de falta de energía.
En su sentencia, la jueza Jackson aclaró que su decisión no constituye un juicio de valor sobre si las prohibiciones son beneficiosas o no desde una perspectiva de salud pública. La magistrada escribió que los demandados federales y los estados pueden tener un deseo genuino de mejorar la salud de los hogares que reciben la asistencia de SNAP mediante el fomento de elecciones saludables en las tiendas, e incluso pueden tomar medidas legales para lograr dichos objetivos. No obstante, enfatizó que no pueden violar la ley ni sus propias regulaciones en el proceso de implementación.
La jueza señaló específicamente que la autoridad legal en la que se apoya el USDA permite a la agencia ejecutar proyectos piloto con el fin de probar la eficiencia operativa del programa SNAP, pero dicha autoridad no se extiende a la implementación de medidas destinadas a mejorar la salud o la dieta de los beneficiarios.
Ante el fallo, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, manifestó que el Gobierno no abandonará la lucha de MAHA. A través de una publicación en la red social X el martes, calificó a la jueza de "activista" y afirmó que se había bloqueado una "restricción de sentido común" sobre el uso de beneficios SNAP para comprar comida chatarra y refrescos. Rollins sostuvo que el programa SNAP debe destinarse a la comida y no a "bombas de azúcar" que alimentan la obesidad y la diabetes, elevando así los costos de atención médica para las familias de bajos ingresos. Asimismo, argumentó que los contribuyentes no deberían subvencionar este tipo de productos a expésas de la salud nacional.
Por otro lado, el National Center for Law and Economic Justice celebró la decisión. Katharine Deabler-Meadows, abogada principal del centro y una de las representantes en el caso, afirmó que el fallo es un paso importante para restablecer la asistencia alimentaria esencial para millones de familias. Según Deabler-Meadows, la decisión deja claro que el USDA no puede eludir las salvaguardas legales que rigen la operación del programa SNAP en todo el país, confirmando que las familias merecen un sistema que funcione sin generar confusión.
