Los trabajadores afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) llevaron adelante este martes una nueva jornada de protesta en el marco de un conflicto creciente que mantienen con la empresa Emova, actual concesionaria del servicio. La medida de fuerza se manifestó concretamente a través de la liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze, perteneciente a la Línea B, durante la franja horaria comprendida entre las 7 y las 8 de la mañana.
Esta acción gremial surge como respuesta a una serie de reclamos que el sindicato considera desatendidos por la empresa. Según informaron desde la organización sindical, la decisión de recurrir a la liberación de los accesos fue tomada tras reiteradas solicitudes relacionadas con descuentos salariales y la aplicación de sanciones disciplinarias que el gremio califica como “ilegales”. Los trabajadores sostienen que estas medidas afectan directamente su remuneración y su estabilidad laboral sin fundamentos válidos.
A través de un comunicado oficial, la AGTSyP denunció que la empresa Emova está implementando una política de descuentos salariales y sanciones disciplinarias dirigidas tanto a empleados de base como a representantes gremiales. Desde el sindicato sostienen que este accionar no solo vulnera los derechos laborales básicos, sino que constituye una estrategia deliberada para desalentar la presentación de denuncias sobre las deficientes condiciones de trabajo y el estado general del servicio de transporte.
El secretario ejecutivo del sindicato, Claudio Dellecarbonara, profundizó en los detalles de esta situación, asegurando que se están aplicando descuentos compulsivos sobre los salarios de los trabajadores. Según Dellecarbonara, la empresa utiliza las sanciones disciplinarias como un mecanismo de presión psicológica y económica para evitar que el personal reporte irregularidades vinculadas a las condiciones laborales y al mantenimiento del servicio. En este sentido, el dirigente subrayó que la organización gremial no ha quedado indiferente ante estos hechos y ya cuenta con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables. Estas disposiciones judiciales intiman a la concesionaria Emova a dejar sin efecto las sanciones aplicadas y a restituir los descuentos efectuados en los salarios.
Ante la falta de una resolución satisfactoria por parte de la empresa, la organización gremial ha decidido escalar sus reclamos a instancias administrativas. En este sentido, informaron que ya han presentado las denuncias correspondientes ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. El gremio reclama una intervención urgente y efectiva de las autoridades gubernamentales para destrabar el conflicto y garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores.
No obstante, la medida de este martes podría representar solo la etapa inicial de un plan de lucha más amplio. Claudio Dellecarbonara anticipó que las acciones sindicales continuarán durante los próximos días. El secretario ejecutivo fue claro al afirmar que la liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze es el primer paso de un plan de acción que, dependiendo de la respuesta de la empresa, podría extenderse a otras iniciativas. El dirigente advirtió que estas futuras medidas podrían tener un impacto directo sobre el normal funcionamiento del servicio de subte, afectando la operatividad del transporte.
Por su parte, la empresa Emova ha salido al frente para rechazar categóricamente todas las acusaciones formuladas por la AGTSyP. A través de un comunicado difundido el lunes, la concesionaria aseguró que todas las medidas adoptadas se ajustan estrictamente a la normativa vigente y a los contratos laborales. La empresa sostuvo que las acciones gremiales son una reacción a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos, y que tales ausencias no contaron con justificación alguna.
Asimismo, Emova negó la existencia de sanciones arbitrarias o ilegales. La empresa explicó que se han abonado todos los días efectivamente trabajados y que únicamente se procedió al descuento de aquellos días en los que ciertos trabajadores no prestaron los servicios correspondientes según su cronograma. Con este argumento, la concesionaria sostiene que su proceder es administrativo y no una herramienta de presión contra la actividad sindical.
