Mientras el debate público se centraba en acusaciones de tráfico de menores y redes criminales derivadas de un preinforme de la Contraloría sobre el Servicio Nacional de Migraciones, una realidad distinta y documentada ha emergido desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Datos obtenidos a través de la ley de transparencia revelan que decenas de agencias de viajes habrían lucrado ilegalmente con ciudadanos haitianos, aprovechando la vulnerabilidad de padres que buscaban reunirse con sus hijos en Chile.
La controversia inicial, impulsada por parlamentarios y autoridades, sugirió la existencia de delitos graves como explotación sexual y tráfico de órganos, basándose en irregularidades detectadas en la implementación de los procesos de reunificación familiar. Sin embargo, estas insinuaciones carecen de respaldo en investigaciones judiciales. En contraste, la información del Sernac expone un esquema de abusos comerciales sistemáticos: en menos de tres años, se han registrado 166 reclamos contra 35 agencias de viajes.
Los testimonios de las víctimas describen un escenario de informalidad y desamparo. Algunas personas reportaron haber recibido pasajes con un aspecto similar a "vales de kermese escolar", donde se anotaban los asientos de forma rudimentaria. Los abusos incluyen cambios constantes de fechas de vuelo, cobros adicionales no pactados, negativa a devolver el dinero y, en los casos más graves, niños abandonados en terceros países o vuelos que simplemente nunca existieron.
El detonante de este fenómeno fue la promulgación de la nueva Ley de Migración y Extranjería en abril de 2021, que consagró el derecho a la reunificación familiar. Entre 2022 y 2025, el Estado chileno otorgó 19.141 visas de reunificación específicamente para ciudadanos haitianos. Esta masiva entrega de documentos, sumada al cierre de aerolíneas comerciales regulares entre Santiago y Puerto Príncipe, creó un nicho comercial lucrativo para agencias que operaban como corporaciones transnacionales con presencia en ambos países, captando a clientes desesperados por trasladar a sus hijos antes de que vencieran sus visados.
El análisis de los datos muestra que el 59,7% de los abusos documentados por el Sernac se concentraron entre 2024 y 2025, lo que sugiere que no se trató de negligencias aisladas, sino de un modelo de negocio basado en la estafa. De las agencias denunciadas, cinco acaparan casi el 50% de los reclamos: Espíritu de Equipo SpA (31 casos), Family Travel (28), Viajes PAM (8), Confianza Agencia de Viajes SpA (6) y Etienne Travel Agency (6). Hasta el momento, el Sernac ha entablado cinco denuncias, de las cuales dos han terminado en sentencias condenatorias.
La "hipervulnerabilidad" de los usuarios fue un factor clave. La barrera del idioma, la urgencia humanitaria y el sacrificio económico —con pagos que oscilaron entre los 1.800.000 y los 8.100.000 pesos— dejaron a las familias en una posición de total desventaja.
Entre los casos más críticos, un denunciante relató haber pagado casi 7 millones de pesos en diciembre de 2024 para el traslado de tres menores con escala en República Dominicana; los pasajes resultaron ser falsos y la empresa se negó a devolver el dinero. Otro padre pagó casi 3 millones de pesos, solo para descubrir que su hijo quedó varado en República Dominicana porque la agencia nunca entregó los boletos correspondientes. Otros reportaron vuelos postergados hasta cinco veces, poniendo en riesgo la vigencia de las visas de sus familiares.
Frente a esto, expertos en migración sostienen que el informe de Contraloría fue utilizado políticamente. Renaud Desir, abogado y exdiplomático haitiano, afirmó que la discusión sobre la trazabilidad de los menores carece de fundamentos, ya que el Estado es quien otorga las visas mediante procesos que incluyen firma electrónica avanzada y notarías. Según Desir, politizar este tema es "inmoral", subrayando que los niños están efectivamente con sus padres y que las visas en trámite de permanencia definitiva lo comprueban.
