Un nutrido grupo de más de 50 organizaciones europeas ha hecho un llamamiento formal al Parlamento Europeo para que, en el marco de la negociación del próximo programa de investigación, se implementen medidas concretas que aseguren que los medicamentos, vacunas y diversas herramientas sanitarias desarrolladas gracias a la financiación pública lleguen efectivamente a las personas que más las necesitan.
Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de 54 entidades, incluye a organizaciones de relevancia como Salud por Derecho, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer y CESIDA. La petición se ha formalizado a través de una carta dirigida a los distintos grupos políticos del Parlamento Europeo, en la cual se solicita apoyo para la aprobación de una serie de enmiendas diseñadas para potenciar el beneficio social derivado de la inversión pública en el campo de la investigación sanitaria.
El momento para esta solicitud es crítico, ya que coincide con una etapa decisiva en las negociaciones institucionales de la Unión Europea. Los próximos días 24 y 25 de junio, la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) se reunirá para debatir las enmiendas que definirán la postura del Parlamento sobre el programa de financiación de la investigación europea para el periodo comprendido entre 2028 y 2034, conocido como Horizonte Europa.
Las organizaciones firmantes destacan que la Unión Europea invierte miles de millones de euros en la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias, vacunas y fármacos. Por ello, argumentan que el programa que se negocia actualmente representa una oportunidad fundamental para reforzar el interés público vinculado a dichas inversiones. La propuesta central es que aspectos críticos como la disponibilidad del producto final, el suministro y las posibles barreras de acceso se aborden y planifiquen desde las etapas más tempranas del proceso de desarrollo, y no una vez que el producto ya ha sido creado.
Para lograr este objetivo, la propuesta sugiere la incorporación de "planes de acceso" en proyectos específicos que reciban fondos públicos. Estas herramientas permitirían a los investigadores y gestores identificar con antelación los obstáculos que podrían dificultar que los resultados de la investigación lleguen posteriormente a los pacientes y a los sistemas sanitarios públicos.
Sobre este punto, Jaime Manzano, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho, ha señalado que existe un problema de eficiencia en el gasto: "En muchos casos, acabamos pagando dos veces. Primero financiamos parte de la investigación y después compramos los productos resultantes para incorporarlos a los sistemas de salud". Manzano sostiene que Europa tiene ahora la oportunidad de debatir cómo maximizar el beneficio de esa inversión pública, destacando que España ya ha avanzado en esta dirección mediante su Estrategia Farmacéutica.
De hecho, la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por el Gobierno español contempla la creación de "guías de acceso" para fomentar modelos de innovación que sean socialmente responsables entre quienes reciben fondos públicos para investigar. Este debate ha cobrado una importancia renovada en los últimos años, impulsado por las dificultades experimentadas en el acceso a las vacunas durante la pandemia de COVID-19, el incremento sostenido del gasto farmacéutico y la vulnerabilidad derivada de la dependencia de cadenas de suministro internacionales.
Las entidades subrayan que esta propuesta no es experimental, ya que existen precedentes exitosos. Organismos de prestigio como los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, así como diversas universidades, ya han implementado mecanismos que vinculan la financiación pública de la investigación con objetivos claros de interés público y acceso.
Desde la perspectiva científica y de salud global, Quique Bassat, director general y científico de ISGlobal, ha defendido que el programa Horizonte Europa debe trascender la mera competitividad. Según Bassat, el programa debe consolidarse como una inversión estratégica en conocimiento, prevención, preparación y cooperación científica internacional, otorgando un lugar central a la resiliencia sanitaria, la salud global, el enfoque "One Health", la lucha contra la resistencia antimicrobiana y el acceso equitativo a la innovación.
En la misma línea, Carmen Martín, presidenta de Cesida, ha enfatizado que financiar el conocimiento no es suficiente si no se garantiza que los resultados lleguen de forma asequible, efectiva y equitativa a la población. Poniendo el ejemplo del VIH, Martín ha recordado que, aunque existen herramientas preventivas y medicamentos que cambian vidas, las barreras de acceso a menudo retrasan o impiden que dicho impacto se materialice, por lo que es vital que la financiación pública europea incluya compromisos claros de disponibilidad y retorno social desde el inicio.
Finalmente, cabe destacar que la iniciativa cuenta con el apoyo de entidades internacionales de referencia en acceso a medicamentos y salud global, entre las que se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF), el Medicines Patent Pool (MPP), la Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Health Action International (HAI) y la Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), además de diversas universidades y centros de investigación europeos especializados en innovación biomédica y salud pública.
