Cuba ha implementado este jueves una serie de restricciones drásticas en su sistema de transporte interprovincial, una medida que responde a la aguda escasez de combustible que atraviesa la isla. En un contexto donde los asientos en trenes y autobuses son cada vez más escasos, el gobierno ha determinado que el acceso a estos servicios se reserve prioritariamente para personas enfermas, traslados para funerales y otras situaciones de emergencia.
La crisis de carburantes, que ha afectado la operatividad de la isla de 9,6 millones de habitantes desde enero, tiene su origen en el corte de las importaciones de petróleo por parte de Estados Unidos. Esta acción se enmarca en una campaña de presión dirigida a forzar un cambio de régimen en el país. Como consecuencia, el transporte, que ya se encontraba debilitado por la peor crisis económica de su historia reciente, se ha reducido casi por completo mientras las gasolineras permanecen vacías.
El impacto en la frecuencia de los viajes es severo. A partir de este jueves, los trenes que parten desde La Habana con destino a las ciudades del este han reducido su operatividad de manera drástica: ahora circularán únicamente cada 16 días, mientras que anteriormente operaban aproximadamente tres veces por semana. En cuanto a los autobuses estatales, que solían realizar al menos un viaje diario hacia las capitales provinciales, su frecuencia se ha reducido a entre una y tres veces por semana.
Sobre la gestión de estos servicios, el viceministro de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, ha aclarado que, si bien no serán necesarios permisos especiales para viajar, se implementará un "sistema de prioridades". Bajo este esquema, los pasajeros interesados en trasladarse deberán solicitar sus viajes con una antelación de siete días.
Estas limitaciones afectan principalmente al sistema estatal, el cual es el medio de traslado fundamental para la mayoría de la población cubana. Aunque existen grupos pequeños de camiones y taxis privados que mantienen rutas hacia otras ciudades, sus tarifas resultan prohibitivas para el ciudadano común, llegando a ser hasta 200 veces superiores a los precios del transporte estatal.
La situación humana derivada de estas medidas es crítica. En La Habana, Madelaine Montero, de 51 años, relató a la AFP que intentaba conseguir un pasaje para trasladar a su padre, un paciente con cáncer de más de 80 años, hacia su hogar en Granma, a unos 750 kilómetros de distancia. Montero explicó que su padre debe estar en su lugar de origen 20 días antes de su próxima consulta para realizarse pruebas médicas, advirtiendo que, de no lograrlo, no podrá recibir el tratamiento necesario.
En el mismo escenario, José Manuel García, de 60 años, quien padece ceguera en un ojo y recibe tratamiento por un desprendimiento de retina en el otro, expresó su temor a interrumpir su proceso médico, disponible únicamente en la capital, debido a que desplazarse se ha vuelto una tarea sumamente difícil.
El colapso no se limita a los viajes interprovinciales. En La Habana, los ómnibus urbanos prácticamente han desaparecido, obligando a los ciudadanos a caminar hacia sus centros de trabajo o escuelas bajo temperaturas que rozan los 40 ºC. La precariedad se extiende al mercado informal, donde el combustible puede alcanzar un precio de hasta 8 dólares por litro. Esta inflación provoca que incluso un trayecto corto en taxi pueda consumir la mayor parte del salario de un trabajador estatal.
Alexi Martínez, una trabajadora de Salud Pública de 56 años, mencionó que destina casi la totalidad de sus ingresos a pagar el transporte en camión para visitar a su madre, quien es anciana y padece diabetes en la capital, justificando el gasto por ser hija única. Por su parte, Julio César Padrón, chofer de 30 años de un camión adaptado para pasajeros, señaló que, debido a los precios tan elevados, la gente prefiere quedarse en sus casas.
La desesperación es visible en las autopistas a la salida de la capital, donde decenas de personas han sido vistas intentando detener vehículos ofreciendo fajos de billetes. Para muchos, estas restricciones significan una separación forzada de sus familias. Es el caso de Guadalupe Pérez, de 54 años, quien logró llegar a La Habana desde Holguín justo antes de que entraran en vigor las limitaciones, despidiéndose de sus familiares sin saber cuándo podrá regresar a su tierra natal.
Mientras tanto, el gobierno de Cuba ha manifestado su intención de resistir la presión de Estados Unidos, al tiempo que anuncia la implementación de reformas diseñadas para atraer inversiones extranjeras y compensar la salida de capitales.
