Diez meses han transcurrido desde la captura del coronel en retiro Carlos Brenes, y su familia continúa sumida en un estado de profunda incertidumbre y temor. Hasta la fecha, los familiares del preso político no han podido verlo ni recibir información oficial sobre su condición física, manteniendo una situación de incomunicación impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La hija del exmilitar, Thelma Brenes, manifestó en entrevista con CONFIDENCIAL que han recibido reportes extraoficiales sobre el deterioro de la salud de su padre. Según la mujer, mantener a una persona de edad avanzada con enfermedades crónicas y un estado de salud complejo en estas condiciones constituye una forma de tortura y un trato cruel e inhumano que vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida.
Carlos Brenes, de 71 años, fue detenido arbitrariamente el 14 de agosto de 2025 durante un operativo policial llevado a cabo en su finca, ubicada entre Jinotepe y Masatepe. En el mismo operativo fue capturada su esposa, Salvadora del Socorro Martínez, de 68 años. Ambos permanecen actualmente en condición de desaparición forzada. Por su parte, el régimen Ortega-Murillo condenó al coronel en retiro a 15 años de prisión bajo el cargo de "traición a la patria".
El estado de salud de Brenes era frágil incluso antes de su detención, ya que padece de diabetes crónica. Su familia recordó que durante una detención previa, ocurrida entre 2018 y 2019, enfrentaron múltiples obstáculos para garantizar que el exmilitar recibiera su tratamiento médico. En aquel periodo, denunciaron que, a pesar de que la familia entregaba los medicamentos completos para el mes, el Sistema Penitenciario y el Estado no se los hacían llegar al paciente.
Esta falta de transparencia se alinea con lo expuesto por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en su informe de mayo de 2026. El documento señala un "deterioro progresivo" en la salud de los detenidos por disentir con el régimen, advirtiendo que esto ha tenido consecuencias extremas. El informe aclara que los diagnósticos se basan en relatos obtenidos, debido a las severas limitaciones para acceder a documentación médica verificable o valoraciones clínicas completas.
El temor de la familia de Carlos Brenes se ha intensificado tras la desaparición y posterior muerte en custodia estatal del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, ocurrida el 30 de mayo de 2026. Thelma Brenes señaló que la muerte de Rivera demuestra que el régimen no tiene respeto por la vida de los presos políticos y que el Estado, en lugar de garantizar la supervivencia de los detenidos, convierte la prisión en una "sentencia de muerte lenta".
Respecto a Salvadora Martínez, la hija del exmilitar calificó su detención como injusta y una muestra de la crueldad del régimen, al criminalizar a los familiares de los presos políticos. Martínez había sido un pilar fundamental para su esposo durante su primera detención, encargándose de las visitas, la entrega de medicamentos y las denuncias públicas.
Ante las presiones internacionales, el régimen ha difundido ocasionalmente fotografías o videos de algunos presos, como ocurrió el 14 de junio de 2026 con el líder miskito Steadman Fagot Müller. Sin embargo, para Thelma Brenes, estas imágenes no constituyen una prueba de vida, sino propaganda oficialista. La familia exige una prueba de vida verificable e independiente, con acceso inmediato a la Cruz Roja, misiones diplomáticas o familiares cercanos, sin restricciones ni guiones impuestos por el gobierno.
A nivel internacional, el caso ha llegado al Parlamento Europeo. El 18 de junio de 2026, los eurodiputados votarán una resolución de urgencia basada en el artículo 144 del Reglamento del Parlamento Europeo, diseñado para denunciar violaciones flagrantes a los derechos fundamentales. El debate se centrará específicamente en los casos de Carlos Brenes, Salvadora Martínez y la fallecida Brooklyn Rivera.
Para la familia de Brenes, esta acción legislativa representa una validación de su lucha y un recordatorio de que la comunidad internacional sigue vigilante y documentando las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, a pesar de los esfuerzos estatales por silenciar a las víctimas y normalizar el horror.
