El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha sancionado la Ley 528, una normativa que obliga a los centros de salud públicos en Panamá a extender sus horarios de atención para mejorar el acceso de la población a los servicios básicos de salud. Esta legislación es el resultado de una iniciativa impulsada por el diputado Betserai Richards, perteneciente a la bancada Seguimos, quien estuvo a punto de ver archivado su proyecto antes de que finalmente fuera aprobado y sancionado.
La Ley 528 establece una directriz clara: al menos dos centros de salud por cada región sanitaria deben operar en un horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., incluyendo los fines de semana. La norma también contempla que, dependiendo de la demanda específica de la población en ciertas áreas, el horario de atención en algunas instalaciones hospitalarias pueda extenderse incluso hasta las 10:00 p.m.
Para la implementación de esta medida, el Ministerio de Salud (Minsa) tendrá la facultad de reglamentar y determinar cuáles centros de salud operarán bajo este esquema en cada región. No obstante, la ley incluye una salvaguarda financiera: si el Minsa decide habilitar más de los dos centros mínimos requeridos por región, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estará obligado legalmente a aprobar el presupuesto necesario para ejecutar dicha ampliación de servicios.
El camino legislativo de esta norma no estuvo exento de obstáculos. El diputado Richards, representante del circuito 8-6 en Panamá Este, presentó el proyecto originalmente durante el primer año legislativo, entre el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025, periodo en el cual la propuesta nunca llegó a ser debatida. Fue en el segundo periodo cuando la Comisión de Salud acogió el proyecto, logrando un consenso con las autoridades del Minsa. La única condición impuesta por el ministerio fue que la ley no se convirtiera en una "camisa de fuerza" que obligara a la apertura de instalaciones en zonas donde no hubiera una población suficiente que justificara el servicio.
Tras superar los tres debates reglamentarios en la Asamblea Nacional, el proyecto fue remitido al Palacio de Las Garzas, donde el presidente Mulino decidió vetarlo. Según precisó el diputado Richards, se trató de una objeción por inconveniente y no por motivos de inconstitucionalidad. Ante este veto, la Asamblea Nacional utilizó su facultad de aprobación por insistencia, volviendo a aprobar la norma para que finalmente fuera sancionada.
La motivación detrás de esta iniciativa es personal para Richards, quien relata que la idea nació de vivencias sufridas durante su infancia. El diputado recordó que, siendo niño, debía hacer fila junto a sus padres desde las 4:00 a.m. en los centros de salud para intentar asegurar un turno de pediatría, una vacuna o cualquier otro servicio médico básico.
El debate sobre la necesidad de la ley también generó fricciones con el Ejecutivo. El ministro Fernando Boyd Galindo había argumentado que la norma era innecesaria, utilizando como ejemplo el Minsa Capsi de Las Garzas, en Panamá Este, el cual ya opera los fines de semana, aunque solo hasta las 3:00 p.m. Ante esto, Richards sostuvo que la ley es fundamental para garantizar que el servicio permanezca independientemente de quien ocupe el ministerio en el futuro. "Si el próximo ministro en el 2029 llega y dice que no quiere que ese centro abra en horario extendido, la ley ya existe", argumentó el legislador.
Por su parte, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, reconoció que ya existen centros con horario extendido y afirmó que, con la nueva ley, se deberán considerar las demandas reales de la población para ir cumpliendo gradualmente con lo ordenado. Sin embargo, Zambrano expresó preocupación por los costos operativos, señalando que dependen de que el MEF otorgue los presupuestos suficientes, mencionando que actualmente han tenido dificultades para cumplir con los pagos a funcionarios e internos.
Ante las preocupaciones presupuestarias del Minsa, el diputado Richards reaccionó cuestionando la gestión de los recursos públicos. El legislador contrastó la supuesta falta de fondos para la salud con otros gastos gubernamentales, mencionando erogaciones millonarias en consultorías, alquiler de vehículos para altos funcionarios, la remodelación de la cocina de la Presidencia, 14 millones de dólares para un hospital de mascotas y 7 millones de dólares para la villa diplomática.
Finalmente, Richards manifestó su aspiración de reintegrarse a la Comisión de Salud a partir del próximo 1 de julio. Su objetivo inmediato es establecer una mesa de trabajo con el Minsa para redactar el reglamento necesario para activar la ley, advirtiendo que, sin dicho instrumento normativo, el Estado caminaría "a ciegas" respecto a la selección de los centros que deben ampliar su horario.
