La región de la Sierra Nevada de Santa Marta atraviesa uno de sus periodos más críticos debido a una escalada de violencia derivada de los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo armado ilegal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn). La tensión se intensificó tras una operación militar desplegada en el sector de Quebrada del Sol, cuyo objetivo era debilitar la estructura operativa de dicha organización. Sin embargo, la intervención desencadenó una serie de reacciones violentas que han paralizado la movilidad en el norte del país.
Como consecuencia directa de estos incidentes, se han registrado bloqueos en la Troncal del Caribe, una arteria vial fundamental para la conectividad de la región. Esta situación ha resultado particularmente disruptiva ya que coincide con la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, momento en el que miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, se disponían a ingresar al destino turístico.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, ha sido enfática al denunciar que la naturaleza de las movilizaciones ha cambiado drásticamente. Según la mandataria, los eventos "dejaron de ser una protesta social" para convertirse en acciones controladas por las Acsn. El grupo armado ha impuesto restricciones severas en la vía, instalando artefactos explosivos y quemando vehículos en diversos puntos estratégicos de la carretera para consolidar su control sobre la zona. Esta versión es respaldada por testimonios recogidos por El Tiempo, donde se indica que los campesinos que inicialmente lideraron las manifestaciones perdieron el control de las mismas, permitiendo que los bloqueos respondieran a intereses estrictamente armados.
El impacto económico sobre el turismo ha sido devastador y casi inmediato. El gremio hotelero, junto a operadores turísticos y comerciantes del corredor Tayrona-Palomino, ha declarado un "estado de emergencia y quiebra inminente". Esta gravedad fue comunicada formalmente mediante una misiva dirigida a la Presidencia de la República y a diversas entidades de Derechos Humanos, alertando sobre la insostenibilidad de la situación.
En términos humanitarios, la crisis es alarmante. Se reporta que más de 140 personas, entre las que se encuentran turistas y trabajadores, permanecen atrapadas en hoteles y hostales de los sectores de Guachaca, Buritaca y Mendihuaca. Estas personas se encuentran varadas sin posibilidad de salida debido a los bloqueos, lo que ha provocado la pérdida de vuelos y conexiones terrestres, además de generar dificultades críticas para acceder a servicios básicos y medicamentos esenciales.
Omar García, representante de Cotelco Magdalena, informó que se están realizando verificaciones constantes para determinar la magnitud total de los afectados. El sector hotelero advierte que este episodio se suma a un panorama ya precario; durante los primeros meses del año, la actividad turística sufrió una reducción del 90% debido a la caída del turismo internacional, problemas en el suministro energético y el incremento de los costos operativos. A esto se suma la denuncia de empresarios sobre la presión ejercida por grupos armados, quienes obligan a los comercios a adquirir insumos únicamente de proveedores autorizados por ellos.
Por su parte, el Parque Nacional Natural Tayrona, aunque anunció su reapertura tras un acuerdo con los pueblos indígenas, ha tenido que restringir el ingreso terrestre por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral. En un comunicado oficial, Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que estas medidas preventivas son necesarias debido a la situación de orden público imperante.
La gravedad del escenario se refleja también en el estado de las infraestructuras. Videos difundidos por residentes locales muestran el interior de hoteles y hostales con habitaciones destruidas, colchones rotos y motocicletas arrojadas a las piscinas, daños que habrían ocurrido durante las inspecciones realizadas por las Fuerzas Militares en su búsqueda de integrantes de las Acsn.
Ante este panorama, los empresarios y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, han solicitado la creación urgente de un corredor humanitario. Esta medida busca evacuar a los turistas atrapados y permitir el paso de ambulancias y vehículos de abastecimiento. La gobernadora Margarita Guerra subrayó que cada hora de retraso en la solución de este conflicto agrava la situación humanitaria y pone en riesgo la vida de la población civil.
Finalmente, el gremio hotelero ha pedido un plan de salvamento económico que incluya exenciones tributarias, el congelamiento de créditos y subsidios a la nómina, advirtiendo que el turismo en la Sierra Nevada no puede resistir más tiempo la guerra, la extorsión y los bloqueos. La confrontación ha dejado un saldo trágico con la muerte de un uniformado y dos civiles heridos, además de provocar desplazamientos preventivos de comunidades campesinas e indígenas.
