Un bloque compuesto por transportistas y diversas organizaciones sociales de Santo Domingo Norte manifestó este martes su firme rechazo al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el cual se titula “Medidas Procedimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional”. Durante una jornada de manifestación pacífica, los representantes de estos sectores calificaron la propuesta gubernamental como una “reforma fiscal disfrazada”, alegando que el objetivo real es incrementar la recaudación a expensas de la población.
Los dirigentes comunitarios y los transportistas aseguraron que las decisiones económicas tomadas por el Gobierno suelen recaer con mayor fuerza sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, denunciaron que existe un desequilibrio financiero en miles de familias dominicanas, provocado principalmente por el incremento sostenido en los precios de los productos de la canasta básica, una tendencia que, según afirman, se ha mantenido durante más de un año.
Rubén Darío, quien actuó como uno de los voceros principales del gremio de transportistas, expresó una postura crítica frente a las intenciones del Ejecutivo. Según Darío, el Gobierno busca mecanismos para obtener más recursos económicos, pero lo hace mediante un "maquillaje" de las medidas para evitar la resistencia popular, lo que a su juicio representa una forma de abuso hacia el pueblo.
En sus declaraciones, el dirigente enfatizó que la medida propuesta no es más que una reforma fiscal orientada a "hundir más a este pueblo". Darío señaló que la capacidad de resistencia económica de la ciudadanía ha llegado a su límite, mencionando específicamente que choferes, amas de casa, enfermeras, maestros y trabajadores en general ya no pueden soportar mayores cargas económicas adicionales a las que ya enfrentan en su vida cotidiana.
El vocero profundizó en los factores que están deteriorando la calidad de vida de las familias en la zona y en el país. Entre los puntos más críticos mencionados se encuentran el alto costo de los combustibles y el incremento constante en los precios de los alimentos. Asimismo, denunciaron la eliminación de beneficios sociales fundamentales, haciendo especial énfasis en la supresión del Bonogás, una medida que ha impactado negativamente el presupuesto de los hogares más humildes.
Además de su oposición al proyecto de ley económica, los transportistas y las organizaciones populares aprovecharon la movilización para manifestar su rechazo a lo que denominaron la “ley mordaza”. Este punto se sumó a una demanda concreta y pendiente: el pago de los compromisos financieros que el Estado mantiene con los transportistas que operan en el corredor de la avenida Máximo Gómez.
Ante la falta de soluciones, los manifestantes advirtieron que no cesarán sus actividades de protesta. Aseguraron que mantendrán las jornadas de movilización hasta que las autoridades competentes brinden respuestas concretas y satisfactorias a sus exigencias.
Para fortalecer su posición, el bloque de transportistas y las organizaciones sociales hicieron un llamado urgente a la unidad de los distintos sectores sociales. El objetivo de esta cohesión es defender los derechos de la población general y enfrentar de manera conjunta el aumento constante en el costo de los combustibles, el cual afecta directamente la operatividad del transporte y, por ende, la economía de los usuarios y trabajadores del sector.
