Un juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, dictaminó este lunes que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del club nocturno Jet Set, serán juzgados por el cargo de homicidio involuntario. Esta decisión legal surge tras el devastador derrumbe del techo del establecimiento ocurrido el año pasado, un incidente que resultó en la muerte de 236 personas y dejó a más de 100 individuos heridos.
La resolución fue emitida por el magistrado Reymundo Mejía Zorrilla, quien determinó que los imputados podrían enfrentar una pena de hasta dos años de prisión en caso de ser declarados culpables. Este fallo ha generado una profunda sensación de frustración y descontento entre los familiares de las víctimas, quienes asistieron a la audiencia con la esperanza de que se imputaran cargos de homicidio, los cuales conllevan penas significativamente más severas que pueden alcanzar hasta los 20 años de prisión.
En la fundamentación de su decisión, el magistrado Mejía Zorrilla señaló que el caso no ameritaba un cargo por homicidio, ya que dicha calificación implicaría que los acusados tenían pleno conocimiento de que su negligencia provocaría la muerte de las personas presentes en el local. Según la resolución, el juez argumentó que, basándose en la "lógica y la razón", si los propietarios hubieran podido prever que el techo del establecimiento colapsaría, no habrían puesto en peligro sus propias vidas ni las de sus clientes.
La atmósfera en el tribunal fue de tensión y dolor. Aproximadamente 30 familiares de las víctimas se congregaron antes del inicio de la audiencia, permaneciendo unidos, tomados de las manos y en actitud de oración, esperando un resultado que consideraran justo dada la magnitud de la pérdida humana.
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025, se convirtió en una tragedia nacional que resonó en toda la República Dominicana. Durante varios días, las autoridades locales y equipos de rescate trabajaron de manera frenética en el sitio del desastre, intentando localizar y extraer a las personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros de la estructura colapsada.
El evento donde ocurrió la tragedia era un concierto del reconocido cantante Rubby Pérez, quien se encontraba en el lugar y figuró entre las víctimas fatales. Entre los asistentes también se encontraban figuras prominentes de la política y el deporte. Un caso notable fue el del exlanzador de las Grandes Ligas, Octavio Dotel, quien logró ser rescatado inicialmente de los escombros por los cuerpos de emergencia; sin embargo, falleció posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.
Desde el ámbito procesal, la Fiscalía ha mantenido una postura firme contra los hermanos Espaillat. Los fiscales han denunciado previamente que los imputados intentaron intimidar o manipular a sus propios empleados para afectar el curso de la investigación. Asimismo, el Ministerio Público ha afirmado que posee cientos de pruebas documentales y materiales que vinculan directamente a los hermanos con las causas que provocaron el derrumbe.
Antonio Espaillat es descrito como un empresario con un poder considerable en la región, siendo el propietario de diversos centros de entretenimiento exclusivos y de decenas de emisoras de radio locales, lo que añade una capa de complejidad social al proceso judicial.
A pesar de la gravedad de los hechos y las pruebas presentadas por la Fiscalía, se ha establecido que Antonio y Maribel Espaillat podrán llevar a cabo su proceso de defensa en libertad. El tribunal ha decidido que ambos hermanos serán juzgados en un mismo proceso, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha definitiva para el inicio del juicio.
