El bloqueo instalado en San Julián, sobre la carretera estratégica que vincula los departamentos de Santa Cruz y Beni, ha superado ya el mes de duración, generando una crisis logística, económica y de seguridad. La paralización del tránsito no solo afecta a camiones de alto tonelaje, cisternas y transporte interdepartamental, sino que ha transformado la zona en un espacio de riesgo, especialmente para los equipos de prensa que intentan cubrir la situación.
Periodistas y fotoperiodistas han denunciado un clima de hostilidad y vigilancia constante. Juan Delgadillo y Juan Carlos Torrejón, del grupo EL DEBER, relataron que fueron vigilados, interrogados e intimidados por personas movilizadas en motocicletas, algunas de las cuales portaban armas. Según los testimonios, los reporteros fueron blanco de sospechas, siendo confundidos con personal de inteligencia. En un incidente específico, Torrejón logró fotografiar a un hombre en motocicleta que llevaba una escopeta en la espalda, quien posteriormente los increpó de forma amenazante ordenándoles retirarse del lugar.
La tensión en la zona se ha visto exacerbada por la circulación de audios entre los movilizados, en los que se advertía sobre la presencia de camionetas con vidrios oscuros, sugiriendo que sus ocupantes podían ser retenidos para interrogatorios bajo la sospecha de realizar labores de espionaje. Este temor se fundamenta en hechos recientes, como el ocurrido el jueves 11 de junio, cuando un militar sin uniforme fue retenido por los manifestantes bajo la misma acusación, siendo liberado únicamente tras una negociación mediada por la Gobernación de Santa Cruz.
El equipo de prensa del canal ATB también reportó agresiones. Noelia Flores, jefa de prensa del medio, denunció que un equipo fue interceptado en Villa Paraíso por un hombre armado con una escopeta que los obligó a abandonar la zona. Asimismo, durante el operativo policial del 6 de junio, personas con el rostro cubierto asaltaron un vehículo de ATB, amenazando al conductor con un arma blanca, robando pertenencias personales y equipos técnicos.
Respecto a la dinámica del bloqueo, se informó que los movilizados han habilitado "cuartos intermedios" de paso en dos ocasiones, restringiendo el tránsito únicamente entre las 04:00 y las 08:00 horas. Fuera de ese horario, la carretera permanece cerrada, generando filas de camiones de hasta 10 kilómetros. Los conductores varados enfrentan condiciones precarias, sobreviviendo únicamente con las provisiones que llevan consigo, sin acceso regular a agua, alimentos, higiene o atención médica.
Además, se ha denunciado que algunos sectores vinculados a la protesta lucran con la crisis. Motociclistas cobran Bs 10 por persona para trasladar a los pasajeros que deben atravesar a pie los 10 kilómetros entre los puntos de bloqueo. Por otro lado, los intentos de utilizar rutas alternas han resultado infructuosos; las lluvias han deteriorado los caminos vecinales, dejando vehículos enfangados, mientras que comunarios han instalado trancas y candados en propiedades privadas para controlar el acceso.
La violencia escaló el sábado 6 de junio durante un intento fallido de desbloqueo. Los manifestantes resistieron la acción policial utilizando armas de fuego, lo que resultó en seis policías heridos, dos de ellos por impactos de bala.
Desde el departamento del Beni, el gobernador Jesús Égüez Rivero ha alertado que su región se encuentra “asfixiada y estrangulada”. A pesar de que en Beni no existen bloqueos internos, la interrupción del flujo desde Santa Cruz ha provocado que los surtidores de combustible reciban apenas el 50% de su cupo habitual. La crisis afecta severamente a la agricultura, ganadería, minería y la exportación de castaña. Ante esto, Égüez anunció la convocatoria a un encuentro departamental y la posibilidad de iniciar procesos legales contra los responsables para exigir el resarcimiento de los daños económicos.
Esta ruta es vital no solo para Beni, sino para el abastecimiento de La Paz, departamento que sufre un cerco desde hace más de 40 días con escasez de medicamentos, alimentos y combustibles. El conflicto ha evolucionado desde demandas sectoriales hasta la exigencia de acortar el mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz, quien fue posesionado hace siete meses. Finalmente, el impacto económico es masivo: industriales estiman que las pérdidas por los 46 días de bloqueos ascienden a 2.760 millones de dólares.
