El Gobierno de la República Dominicana ha anunciado una medida estratégica para mitigar el impacto de la volatilidad energética global, determinando que los precios de los combustibles permanecerán congelados durante un periodo de tres meses. Esta decisión está sujeta a una condición fundamental: que el precio internacional del barril de petróleo no supere la barrera de los 95.00 dólares. El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda y Economía, Majín Díaz, quien detalló que esta acción es parte de un paquete integral de medidas diseñadas para contener los efectos de la crisis internacional y salvaguardar el poder adquisitivo de los hogares dominicanos.
Durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 11 de junio de 2026, el ministro Majín Díaz explicó que la implementación de una política de subsidios a los combustibles ha sido una herramienta clave para limitar el impacto inflacionario en la economía nacional. Según los datos proporcionados por el funcionario, el gobierno mantendrá los precios sin variaciones durante el próximo trimestre, tras haber realizado un ajuste menor, siempre y cuando el mercado mundial del crudo no traspase el umbral fijado de 95 dólares.
No obstante, el ministro fue enfático al advertir que existe un límite para esta intervención estatal. Díaz señaló que, si el precio internacional del petróleo subiera más allá de los 95 dólares, la política de subsidios se volvería insostenible para las finanzas públicas del país. En este sentido, destacó el éxito de la estrategia actual, asegurando que, de no haberse aplicado esta política de subsidios, la tasa de inflación se situaría en torno al 8%, en contraste con el 5% que se registra actualmente. El objetivo primordial de esta medida es brindar previsibilidad y un alivio económico a las familias dominicanas frente a la inestabilidad de los mercados energéticos.
De manera paralela al congelamiento de los precios de los combustibles, el Ministerio de Hacienda y Economía presentó un ambicioso plan de reforma tributaria. Este proyecto, que será sometido a la consideración del Congreso Nacional, tiene como propósito establecer un marco fiscal más sólido y justo. De acuerdo con la exposición del ministro Díaz, la propuesta incluye la creación de incentivos para fomentar la inversión, la simplificación de los trámites fiscales y la implementación de nuevas herramientas técnicas orientadas a combatir la evasión fiscal y la informalidad económica.
En cuanto al impacto de esta reforma, el funcionario aseguró que la propuesta no contempla afectaciones al Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) general, ni afectará los precios de los productos de primera necesidad. Asimismo, aclaró que el plan no implica aumentos impositivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) ni para los ciudadanos pertenecientes a la clase media. La reforma propone un ajuste específico: un aumento temporal de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial, la cual subiría al 30% durante un periodo de tres años, aplicándose exclusivamente a las grandes compañías que perciban ingresos anuales superiores a los mil millones de pesos.
En el ámbito del impuesto sobre la renta personal, la propuesta incluye una actualización del mínimo exento. Esta modificación permitirá que el 85% de los asalariados del país queden fuera del alcance impositivo. Adicionalmente, el plan contempla la elevación de la deducción por gastos educativos y la ampliación de los beneficios fiscales para aquellas familias que tengan hijos con discapacidad.
Otro pilar fundamental de las medidas anunciadas es la optimización de los subsidios sociales. Majín Díaz enfatizó la necesidad de focalizar estos recursos para asegurar que lleguen a los sectores más necesitados. Para lograrlo, el Ministerio de Hacienda trabaja coordinadamente con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y el programa Supérate en un proceso de depuración de los padrones de beneficiarios. Esta labor busca eliminar a quienes ya no califican para recibir la ayuda y sumar a personas que sí cumplen con los criterios de vulnerabilidad. Se estima que la optimización de estos programas sociales generaría un ahorro adicional de hasta diez mil millones de pesos.
El diseño de este plan contó con la colaboración de equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, la administración tributaria, el Banco Central y representantes de los principales gremios empresariales. El ministro indicó que la mayoría de las grandes empresas han manifestado valorar la estabilidad económica de la nación y están dispuestas a asumir el sacrificio temporal que representa el ajuste tributario propuesto.
Finalmente, la propuesta será enviada al Congreso Nacional en los próximos días para su correspondiente discusión y aprobación. El Gobierno subrayó que cualquier recaudación adicional derivada de estas medidas estará sujeta a estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía pueda monitorear el uso final de los fondos recaudados. Este conjunto de acciones busca preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los sectores más vulnerables y sostener el crecimiento económico en un contexto global marcado por la crisis energética y la volatilidad de los mercados.
