Un brutal ataque contra un coipo, ocurrido el pasado sábado en la ciudad, ha desencadenado una fuerte reacción social y ha puesto en el centro del debate el rol de las instituciones educativas y el marco legal vigente sobre la protección animal en Argentina. El hecho, que generó una profunda indignación en la comunidad, ha llevado a que dos instituciones universitarias tomen caminos distintos en cuanto a las medidas disciplinarias hacia los estudiantes involucrados.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) manifestó formalmente su postura a través de una sesión plenaria del Consejo Superior. Durante el encuentro, el organismo expresó un claro repudio al accionar de Ian Santerre, estudiante de la institución, quien fue el encargado de filmar los hechos. No obstante, a pesar del rechazo a la conducta del alumno, la UNS sostuvo la premisa de que no se puede privar de la educación pública a ninguna persona.
Desde la UNS argumentaron que, si bien comprenden y comparten la legitimidad de la indignación social, el objetivo fundamental de la educación pública debe ser la creación de espacios destinados a la reflexión, la reparación y el cambio, buscando siempre contribuir a la paz social. En este sentido, la institución subrayó que su rol es trabajar para erradicar la violencia mediante herramientas propias como la reeducación, la reflexión crítica y la construcción de valores compartidos.
En términos normativos, la universidad aclaró que, según su reglamento, no posee facultades para imponer medidas disciplinarias por hechos que ocurran fuera del ámbito institucional. Sin embargo, la entidad enfatizó que, más allá de los límites legales, es necesario fijar una postura institucional con sentido pedagógico. La comunidad educativa manifestó su confianza en el funcionamiento de las instituciones y en el respeto al debido proceso, calificándolos como pilares esenciales de la vida democrática.
Por su parte, el rector de la UNS, Daniel Vega, hizo un llamado a la reflexión colectiva de toda la comunidad universitaria a partir de este hecho repudiable. Vega instó a revisar las conductas sociales e individuales, y a redoblar los esfuerzos institucionales para avanzar hacia una sociedad más justa, empática y respetuosa de la vida y del entorno compartido.
En contraste con la postura de la UNS, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tomó medidas más severas respecto a Juan Bautista Bravo, estudiante de dicha casa de estudios. La UTN decidió suspenderlo preventivamente y ha solicitado la realización de un juicio académico para determinar las sanciones correspondientes.
Este clima de tensión y demanda social ha vuelto a poner en la agenda legislativa el proyecto denominado "Ley Sintientes". Esta propuesta, presentada originalmente en el año 2023 por una ONG del mismo nombre, busca otorgar derechos legales a los animales. Tras un periodo de escaso movimiento, el proyecto comenzó a mostrar avances legislativos en diciembre de 2025, contando con el apoyo transversal de diputados de casi todos los bloques políticos.
El núcleo central de la Ley Sintientes es reconocer a los animales como sujetos de derechos no humanos. Específicamente, el artículo 1, inciso A, pretende reconocer como sujetos de derecho a aquellos animales que, por sus cualidades, sensibilidad, destreza o aptitud para el aprendizaje, demuestren contar con capacidades cognitivas y sintientes que los distingan de otras especies.
Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina no distingue entre animales domésticos, silvestres o de consumo, agrupando a todos bajo la categoría de "bienes semovientes". Esto implica que, legalmente, los animales son tratados como objetos dentro de un régimen de propiedad. Si bien existe la Ley 14.346, que castiga los actos de crueldad y maltrato con sanciones penales, la protección efectiva sigue dependiendo estrictamente del dueño del animal o de la intervención del Estado, sin que el animal sea reconocido como un sujeto con derechos propios.
