Esta mañana, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, integrante del Frente Amplio, fue notificado formalmente en su domicilio sobre la acusación constitucional presentada en su contra. La notificación fue realizada por una oficial de la Cámara, dando inicio oficial al proceso legislativo derivado de un texto elaborado por la bancada libertaria y presentado por un grupo de diputados.
A partir de este acto administrativo, comienza a regir el plazo legal de 10 días para que el exsecretario de Estado pueda presentar sus descargos. El documento, referido como un libelo, se estructura en cuatro capítulos detallados que fundamentan los cargos presentados contra el exministro. Aunque la sala de la Cámara de Diputados aún no se pronuncia y faltan un par de semanas para dicha instancia, el panorama político actual se describe como nublado para Grau.
Dentro de la oposición, se ha instalado un sentimiento de pesimismo respecto a las posibilidades del exministro de detener la acusación en la Cámara. En diversos sectores opositores temen que la única instancia donde el extitular de Hacienda y de Economía, quien se desempeñó durante la administración del Presidente Gabriel Boric, podría revertir la situación sea en el Senado.
El análisis de los votos revela una dinámica compleja. En la bancada compuesta por Renovación Nacional y Evópoli, existen cuatro diputados que han manifestado no estar convencidos de aprobar la medida. Sin embargo, este posible desmarque se ve contrarrestado por la pulsión mayoritaria del Partido de la Gente (PDG), cuya tendencia es votar a favor de la presentación.
Mientras que Juan Marcelo Valenzuela, jefe del comité del Partido de la Gente, ha señalado que su sector se encuentra en un proceso de "reflexión", otros parlamentarios del mismo partido han sido tajantes. La diputada Pamela Jiles ratificó su respaldo a la acusación, sumándose a otros dos firmantes del escrito, Javier Olivares y Patricio Briones, ambos del PDG.
La diputada Jiles justificó su decisión basándose en su trayectoria como opositora al gobierno de Boric, mencionando haber aprobado previamente acusaciones contra el exministro de Energía y contra Carlos Montes. Según Jiles, el voto a favor de esta acusación representa, a su juicio, un juzgamiento a la totalidad de la gestión del Presidente Gabriel Boric.
Esta postura de la parlamentaria oscurece el escenario para Nicolás Grau. Los cálculos indican que bastarían solo seis votos de los 13 diputados del PDG para alcanzar la mayoría en la Cámara, incluso descontando los cuatro posibles votos en contra del bloque RN-Evópoli.
Actualmente, la derecha cuenta con 76 votos. Si se produce la pérdida de algunos votos en su sector, el libelo partiría con un piso de 72 respaldos. Al sumar a los tres confirmados del PDG y al diputado independiente René Alinco, quien también aseguró su apoyo, la ofensiva contra el exministro ya cuenta con una base de 76 apoyos. Esta cifra sitúa a los acusadores a solo dos votos del umbral necesario, cifra que podría reducirse en caso de registrarse ausencias durante la votación. De ser aprobada, la siguiente fase trasladaría el proceso al Senado, que se constituiría como jurado.
No obstante, la situación de Grau se complica debido a que hay más votos en suspenso de los previstos. Además de una decena de legisladores del PDG y diversos independientes opositores, se encuentran en proceso de reflexión Felipe Camaño, asociado a la Democracia Cristiana (DC), y Sebastián Videla, de la bancada liberal, junto a Cristián Contreras, diputado del PDG en calidad de suspendido.
A este grupo de indecisos se sumó el miércoles el diputado Héctor Barría (DC). El parlamentario explicó que su reflexión pasa por un análisis tanto jurídico como político. Barría sostuvo que la acusación constitucional contra Grau adquiere tintes de una evaluación política del gobierno anterior, señalando que profesionales que confiaron en el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) están "pagando los platos rotos". Asimismo, vinculó esta gestión política con el actual auge de la ultraderecha en Chile, calificándolo como algo impensable hace una década.
Finalmente, Barría criticó la gestión del Frente Amplio, señalando que, a pesar de contar con votos, no han establecido coordinaciones con la Democracia Cristiana. Por otro lado, el diputado Carlos Bianchi, perteneciente al grupo PPD, también se mantenía en suspenso, aunque el pasado martes emitió señales de distancia respecto al texto.
