La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se mantiene como una de las manifestaciones más complejas y dolorosas de la violencia contra la infancia. En este contexto, la Policía de Investigaciones (PDI) ha puesto el foco en la evolución de las redes criminales y la implementación de protocolos especializados para obtener evidencias judiciales sin generar un daño adicional en las víctimas.
Según Jean Paul Apablaza, subjefe del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada (CEIV) de la PDI, el incremento en las cifras de casos detectados, reportadas recientemente por la Defensoría de la Niñez, debe interpretarse desde una perspectiva dual. Por un lado, este aumento refleja una evolución en las dinámicas delictivas, pero por otro, evidencia una mayor capacidad institucional para identificar crímenes que anteriormente permanecían invisibles. Apablaza sostiene que el hecho de que los indicadores se mantengan altos es un reflejo de que las instituciones, amparadas en la promulgación de la Ley 21.057, están logrando detectar estos delitos de manera más efectiva.
Esta normativa, vigente desde el año 2019, fue el motor para la creación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas. El objetivo central de este mecanismo es fortalecer los procesos investigativos y, fundamentalmente, reducir la revictimización de los menores. Para lograrlo, la PDI no actúa de forma aislada, sino que mantiene una coordinación estrecha con diversos organismos del Estado, incluyendo el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, Carabineros, la Defensoría Penal y la Defensoría de la Niñez.
Uno de los puntos más críticos alertados por la institución es la sofisticación del crimen organizado. El investigador Jean Paul Apablaza advierte que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingresos ilícitos, integrando la trata de personas con fines de explotación sexual a sus operaciones habituales. En el pasado, el tráfico de sustancias se limitaba al ingreso de drogas —como marihuana o clorhidrato de cocaína— a través de pasos fronterizos no habilitados en zonas como Colchane o Arica para su posterior distribución en la Región Metropolitana. Sin embargo, la dinámica actual es más agresiva: junto con las toneladas de droga, ahora ingresan migrantes y menores de edad cuyos derechos son vulnerados sistemáticamente.
El perfil de las víctimas, según los datos de la Defensoría de la Niñez, muestra que una gran proporción de los casos de obtención y facilitación de explotación sexual afecta a adolescentes mujeres entre los 14 y 17 años. Desde la experiencia en terreno, la PDI ha identificado tres factores recurrentes que facilitan la captación: conflictos familiares, deserción escolar y trayectorias previas de vulneración de derechos.
Apablaza ejemplifica estas situaciones describiendo escenarios donde adolescentes con relaciones conflictivas con sus madres, o que sufren agresiones verbales y físicas por parte de padrastros, optan por abandonar sus hogares. A esta vulnerabilidad se le suma el consumo problemático de drogas y la desvinculación del sistema educativo, creando el escenario ideal para que las redes criminales operen. Estas organizaciones captan a las víctimas mediante ofertas económicas iniciales que, con el tiempo, se transforman en mecanismos de control basados en la extorsión y amenazas de muerte contra los familiares, anulando la voluntad de la víctima.
Para enfrentar estos delitos, especialmente cuando las víctimas son niños entre 0 y 13 años, la PDI cuenta con 128 entrevistadores capacitados en la metodología de la Ley 21.057, distribuidos a nivel nacional. El proceso de la entrevista videograbada es riguroso: se evita preguntar directamente qué sucedió al inicio, priorizando la creación de un clima de confianza y comodidad. El especialista utiliza un lenguaje adaptado a la edad del menor y emplea preguntas abiertas para permitir un relato libre y espontáneo, evitando inducir respuestas.
El proceso comienza con conversaciones cotidianas y el uso de las propias palabras del niño para abrir el relato, asegurando siempre el derecho fundamental a la libre exclusión sobre lo que el menor desea contar. Esta metodología busca que la evidencia sea sólida para la justicia, pero sin exponer al niño a un nuevo trauma emocional.
Finalmente, la PDI enfatiza que la detección temprana depende de la capacidad de la sociedad y las instituciones para reconocer señales de alerta. El subjefe del CEIV advierte que el temor o el desconocimiento de los procedimientos a menudo retrasan las denuncias. Por ello, la institución desarrolla programas de capacitación en establecimientos educacionales y centros de salud primaria, insistiendo en que la denuncia oportuna y la coordinación institucional son las herramientas más eficaces para proteger a la infancia frente a redes de explotación que no dejan de adaptarse.
