En el Colegio Chillán, la instrucción es clara y nadie la discute: los alumnos no pueden ir solos a la Plaza San Francisco. Esta medida refleja la compleja realidad de vivir junto a un recinto penitenciario en pleno centro de la ciudad.
Vecinos de la calle Gamero denuncian que los llamados “pelotazos” —lanzamientos de sustancias y objetos hacia el interior de la cárcel— ocurren a plena luz del día. Relatan que el entorno, donde antes se vendían artesanías, hoy está marcado por gritos nocturnos, amenazas a gendarmes y una creciente sensación de inseguridad.
El problema es también de infraestructura. El recinto fue diseñado para 340 personas, pero ha llegado a albergar casi mil internos. Actualmente, la población fluctúa entre los 650 y 700 reclusos.
Desde el año 2008, existe la promesa de construir una cárcel regional para sacar el penal del centro de Chillán. Sin embargo, el proyecto permanece atrapado en una paradoja: mientras los residentes de los centros urbanos exigen el traslado, las comunidades de otras zonas se oponen rotundamente a albergar un nuevo recinto. Esta situación no es exclusiva de la capital, ya que San Carlos y Quirihue también conviven con penales insertos en sus radios urbanos.
Expertos advierten que hoy las cárceles no son elementos pasivos, sino que pueden ser utilizadas por el crimen organizado para seguir delinquiendo desde el interior, contaminando así su entorno.
A pesar de esto, el delegado presidencial, Diego Sepúlveda, aseguró que sacar la cárcel del centro sigue siendo una prioridad del Ejecutivo y que se evalúan alternativas de emplazamiento, como el Fundo Quilmo. Por ahora, para los vecinos y escolares, la solución sigue siendo una promesa pendiente.
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