¿Podrían quedar en libertad condenados por crímenes de lesa humanidad en Chile? El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha dejado abierta esta posibilidad.
En entrevista con CNN Chile, el ministro señaló que no descarta conceder indultos a personas sentenciadas por delitos cometidos durante la dictadura civil militar entre 1973 y 1990. Según Rabat, el indulto no revisa la sentencia judicial, sino que analiza las circunstancias particulares, los méritos y los antecedentes del expediente de cada solicitante.
Es relevante destacar que Rabat integró el equipo jurídico que defendió al exdictador Augusto Pinochet en casos como la Operación Colombo y el Caso Riggs. Hasta el momento, el Gobierno ha recibido más de cuarenta solicitudes de indulto presidencial, que incluyen crímenes de lesa humanidad, delitos comunes y hechos vinculados a las protestas de 2019.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast se ha mostrado abierto a indultar a exagentes de la policía política, como Miguel Krassnoff, así como a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante la represión de 2019, periodo que el mandatario califica como «estallido delictual».
Esta postura ha generado preocupación en organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas. A esto se suma el recorte presupuestario de cerca de un millón de dólares en la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, organismo encargado de la persecución de estos delitos y la búsqueda de detenidos desaparecidos.
En Chile, el indulto es una facultad constitucional que permite perdonar, reducir o sustituir la pena de un condenado con sentencia firme y ejecutoriada.
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