Donald Trump ha cambiado su estrategia arancelaria. Ya no se trata de anuncios improvisados o publicaciones nocturnas, sino de un enfoque silencioso, metódico y deliberado para reconstruir su motor arancelario con herramientas más precisas.
El Representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, publicó un informe de 98 páginas que detalla una investigación sobre el trabajo forzoso en los socios comerciales. El documento concluye que 60 economías no han logrado imponer o hacer cumplir prohibiciones efectivas contra la importación de bienes fabricados por personas que trabajan contra su voluntad o con remuneraciones insuficientes. Greer afirmó que este fracaso es inaceptable, ya que obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en un terreno de juego desigual.
Como remedio, se propone un arancel mínimo generalizado del 10% para socios comerciales como México, Canadá, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán. Sin embargo, China, Brasil, Japón e India enfrentarían un arancel más alto, del 12.5%, al considerarse que ni siquiera han dado pasos iniciales para erradicar el trabajo forzado en relación con los bienes importados.
Este giro es estratégico. Tras fallos judiciales y de la Corte Suprema que limitaron sus poderes de emergencia, la administración ahora utiliza la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta herramienta permite investigar prácticas que perjudiquen a las empresas estadounidenses y, a diferencia de otras normativas, no tiene límites en el nivel ni en la duración de los aranceles aplicados.
Las medidas no entrarán en vigor de inmediato: el periodo de comentarios públicos termina el 6 de julio y las audiencias serán el 7 de julio. Además, la oficina de Greer mantiene investigaciones abiertas contra más de una docena de países por exceso de capacidad manufacturera.
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