El pasado 2 de junio de 2026 estuvo marcado por una serie de intervenciones policiales coordinadas en distintos puntos del territorio nacional, abarcando desde la capital hasta los departamentos de Caaguazú y Caazapá. Los operativos respondieron a situaciones diversas que incluyeron amenazas en instituciones educativas, un presunto caso de trata de personas y el desmantelamiento de un centro de producción de estupefacientes.
En Asunción, la preocupación se trasladó a los centros educativos tras la recepción de mensajes intimidatorios que advertían sobre posibles tiroteos. Las instituciones afectadas fueron los colegios Goethe y Santa Clara, donde la alarma se generalizó debido a la naturaleza de las amenazas, presuntamente vinculadas a retos virales. Esta situación obligó a los directivos de ambos planteles y a las fuerzas del orden a activar los protocolos de seguridad correspondientes. Durante la jornada, se registró la presencia de padres de familia que acudieron a las instituciones para verificar el estado de sus hijos.
El comisario general Juan Agüero, director de Policía de Asunción, confirmó la implementación de los protocolos específicos para estos casos, contando con el apoyo de personal especializado. El jefe policial detalló que se establecieron controles permanentes tanto frente a los colegios como en sus inmediaciones. No obstante, Agüero aclaró una limitación operativa fundamental: la policía mantiene una vigilancia externa constante, pero la intervención en los asuntos internos de las instituciones solo ocurre cuando existen denuncias formales. Actualmente, las autoridades trabajan en la identificación de los responsables de estas amenazas para ponerlos a disposición del Ministerio Público, subrayando que este tipo de incidentes distraen a las fuerzas de seguridad de sus áreas de control habituales.
Simultáneamente, en el departamento de Caaguazú, se llevó a cabo un operativo crítico encabezado por agentes del Departamento Contra la Trata de Personas, dependientes de la Dirección Contra el Secuestro y el Terrorismo. La intervención, realizada alrededor de las 16:00 horas en el barrio Centro de la ciudad de José Domingo Ocampos, resultó en el rescate de un recién nacido de apenas dos días de vida. Las autoridades investigan el caso como un presunto intento de trata de personas, con la sospecha de que el bebé tendría como destino final España.
Durante el procedimiento fueron aprehendidas Yesica Noemí Villar Alvarenga, de 23 años, y Victoria Villar Alvarenga, de 31 años. Asimismo, se incautaron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos. La operación fue el resultado de tareas investigativas previas realizadas por la División de Inteligencia de la Regional Alto Paraná, que buscaban localizar a Juana Colmán Duarte, de 35 años, y a su hijo recién nacido.
Según el comisario general Juan Pereira, los investigadores llegaron a una vivienda donde las sospechosas indicaron que la madre y el bebé se encontraban en el domicilio de una docente llamada Norma Aquino. Al ser consultada, la docente relató haber dado refugio a la madre el lunes por la tarde, luego de que esta solicitara ayuda por temor a que le quitaran a su hijo. El caso fue comunicado a las agentes fiscales Vivian Coronel y Carolina Rosa Gadea, quienes ordenaron el traslado de todas las involucradas y del menor a la sede del Ministerio Público para determinar si existía una estructura organizada detrás del intento de traslado ilegal al extranjero.
Finalmente, en el departamento de Caazapá, agentes de Antinarcóticos de la Policía, dependientes de la Dirección Contra el Crimen Organizado, ejecutaron una incursión rural en el Parque Nacional San Rafael. Esta acción, enmarcada en el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas – SUMAR, permitió desmantelar un centro de producción y acopio de marihuana.
Durante cuatro horas de labor intensa en el terreno, las fuerzas policiales anularon seis hectáreas de marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en tres parcelas. El saldo del operativo incluyó la incautación y destrucción de 1.000 kilos de marihuana picada, distribuidos en 50 bolsas arpilleras, y aproximadamente 700 kilos de la sustancia ya prensada y lista para su distribución. Además, fueron destruidas dos prensas rústicas con sus accesorios, seis gatos hidráulicos, dos zarandas y una cortadora. El comisario general Rolando Benítez calificó la intervención como un golpe duro a la logística de los narco-marihuaneros. El procedimiento contó con el acompañamiento del fiscal César Martínez.
