El Gobierno de Nicaragua ha registrado un superávit fiscal de 26,078 millones de córdobas durante el primer trimestre de 2026. Este resultado es la consecuencia de una combinación entre una recaudación de ingresos récord y una ejecución presupuestaria deficiente, según revela el Informe de Ejecución Presupuestaria elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y marzo de 2026, el régimen captó ingresos por un monto de 62,075 millones de córdobas, lo que representa un sobrecumplimiento del 30.6%, equivalente a 14,555 millones de córdobas adicionales respecto a la meta programada para dicho periodo. En contraste, el gasto presupuestario fue notablemente bajo; de los 166,814 millones de córdobas aprobados en el Presupuesto General de la República para 2026, solo se han utilizado 35,997 millones, lo que supone una ejecución del 21.6%.
Esta disparidad ha generado un superávit que es 5.3 veces superior a los 4,895 millones de córdobas que se esperaba acumular durante todo el año. Asimismo, la lentitud en el gasto ha sido mayor que en el primer trimestre de 2025, cuando la ejecución se situó en un 21.9%. Gracias a este superávit, las disponibilidades de la Administración, que incluyen ahorros en diversas entidades bancarias y el Banco Central de Nicaragua, aumentaron en casi 31,000 millones de córdobas.
Sobre estos datos, el economista y exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, advirtió que no es prudente realizar una proyección lineal para el resto del año, a pesar de que un cálculo simple sugeriría un superávit final superior a los 100,000 millones de córdobas. Chamorro señaló que el ingreso registrado podría no ser orgánico de la economía, sino el resultado de un ingreso extraordinario ocurrido específicamente en este trimestre, calificando la cifra como desproporcionada en relación con lo presupuestado.
El informe de 239 páginas detalla que muy pocas entidades gubernamentales han logrado ejecutar al menos la cuarta parte de sus recursos asignados. El Ejército de Nicaragua lidera la lista de ejecución con un 28%, seguido por el Consejo Supremo Electoral (27.8%), la Asamblea Nacional (26.7%), y el Ministerio de Transporte e Infraestructura junto a la Policía Nacional, ambos con un 25.1%.
En el extremo opuesto, se encuentran instituciones con un desempeño financiero crítico. El Ministerio de Energía registró la ejecución más baja con apenas un 2.1%, seguido por el Ministerio de Hacienda con un 5.5% y el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos con un 9.0%. Otras entidades con baja ejecución incluyen la Cancillería (13.6%), el Ministerio Agropecuario (14.8%), el Ministerio del Ambiente (15.4%), la Presidencia (16.1%), el Ministerio del Trabajo (17.9%) y el Ministerio de la Familia (19.9%).
La situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) es particularmente preocupante. Hasta el cierre de marzo, solo se le transfirieron 570.6 millones de los 8,125.4 millones asignados para el año, lo que representa apenas el 7.0% de su presupuesto. Chamorro subrayó que el déficit operacional del INSS es enorme y que la institución ha operado en números rojos durante varios años. Aunque el Gobierno podría ponerse al día en trimestres posteriores, el economista enfatizó que la baja transferencia no implica una mejora en la situación financiera del seguro social.
En cuanto a los rubros específicos, el Gasto en Combate a la Pobreza, dotado con 109,000 millones de córdobas, ejecutó solo el 21.5%. En este sector, los ministerios de Salud, Transporte y Educación concentraron el 68% del gasto, mientras que cinco partidas sumando 15,583.4 millones de córdobas reportaron una ejecución igual o inferior al 0.2%. Por su parte, el Gasto Social presentó una ejecución del 22.4%, con un monto de 19,871 millones de córdobas, impulsado principalmente por Salud, Educación y transferencias a universidades y centros técnicos.
Finalmente, el Programa de Inversión Pública (PIP), con un presupuesto de 60,412 millones, registró una ejecución del 21.8% (13,195 millones). Mientras que las transferencias a municipios, el Ministerio de Transporte y el de Salud ejecutaron el 80.8% del PIP total, otras entidades mostraron cifras ínfimas: la Corte Suprema de Justicia (5.9%), universidades (5.3%), Empresa Portuaria (5.1%), Empresa de Acueductos (4.7%), Ministerio del Interior (2.4%), Instituto de Turismo (2.1%) y Ministerio de Energía (0.2%). Entidades como la Alcaldía de Managua, el Teatro Rubén Darío, Ineter, Inatec, el Ministerio del Trabajo y los Gobiernos Regionales Autónomos del Caribe reportaron una ejecución de cero.
