Un fondo de 1.800 millones de dólares propuesto por el presidente Donald Trump para combatir la “instrumentalización” de la justicia se encuentra actualmente estancado. Lo inusual de esta situación es la intensa reacción y oposición que ha generado incluso entre varios senadores republicanos.
Este fondo, originado tras una demanda sin precedentes de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos, busca compensar a quienes consideran haber sido perjudicados por el Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, sus críticos denuncian que se trata de un fondo discrecional diseñado para beneficiar a aliados cercanos al presidente.
La controversia ha aumentado al saberse que incluso quienes agredieron a la policía durante los disturbios del 6 de enero de 2021 podrían optar a estas indemnizaciones, aunque el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, indicó que la conducta de los solicitantes sería evaluada por una comisión de cinco miembros.
En el terreno judicial, el proyecto ha sufrido dos reveses. Una jueza federal de Virginia bloqueó temporalmente los planes de la administración, mientras que otro juez federal ordenó a Trump responder ante acusaciones de “fraude” relacionadas con la demanda contra el Servicio de Impuestos Internos.
Este conflicto está frenando otras prioridades legislativas. Los congresistas no han logrado aprobar un proyecto de ley para dotar de fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la patrulla fronteriza, ante el temor de no reunir los 50 votos necesarios debido a la polémica.
El senador republicano Mitch McConnell ha sido uno de los críticos más severos, calificando la propuesta como una “completa estupidez” y “moralmente reprobable”, al cuestionar que se busque pagar a personas que agredieron a agentes policiales.
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