El estado de Mato Grosso do Sul atraviesa un momento crítico donde convergen la necesidad imperativa de combatir el crimen organizado y la urgencia de preservar los vestigios de su desarrollo histórico. Desde las acciones judiciales contra facciones criminales hasta los operativos policiales en las fronteras y la lucha por recuperar edificios emblemáticos, la región se encuentra en un proceso de redefinición de su seguridad y su identidad cultural.
En el ámbito del patrimonio, el Ministerio Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a través de la 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, ha instaurado un procedimiento administrativo para supervisar la recuperación de un inmueble histórico vinculado a la antigua Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Situado cerca de la Esplanada Ferroviária, el caserón presenta graves señales de degradación y representa un riesgo para la seguridad de los residentes y transeúntes de la zona de la Feira Central.
Este inmueble, que forma parte de la memoria ferroviaria del estado, fue objeto de denuncias enviadas inicialmente al Ministerio Público Federal (MPF), que posteriormente derivó el caso al MPMS. La estructura ha sufrido el deterioro debido a años de abandono y a ocupaciones irregulares que impidieron el mantenimiento adecuado. Al ser un bien tombado, cualquier intervención debe respetar sus características originales. Aunque el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan) ha implementado medidas iniciales de limpieza y fiscalización tras la desocupación, el proyecto de convertir el espacio en una "Casa do Patrimônio" se encuentra actualmente detenido por cuestiones administrativas relacionadas con la legislación estatal. El MPMS mantendrá un monitoreo continuo para asegurar que el edificio recupere su función social y cultural.
Paralelamente, la seguridad pública y la justicia penal marcan la agenda con declaraciones contundentes sobre el crimen organizado. El juez federal retirado Odilon de Oliveira, reconocido por haber condenado al megtraficante Fernandinho Beira-Mar, ha manifestado su acuerdo con la postura del gobierno de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. Según un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, estas facciones serán designadas como organizaciones terroristas extranjeras a partir del 5 de julio.
El magistrado, quien vive bajo estrictas medidas de seguridad en su residencia de Campo Grande debido a que se considera "sentenciado a muerte" por el crimen organizado, sostuvo que es contradictorio que Brasil intente evitar que Estados Unidos aplique esta clasificación. Oliveira enfatizó que la designación estadounidense no vulnera la soberanía brasileña, ya que es una facultad del gobierno de Donald Trump calificar a estos grupos según sus propios criterios. Asimismo, alertó sobre la infiltración de estas organizaciones en la administración pública, señalando que, aunque la eliminación total del PCC y el CV sea imposible, es viable reducir sus actividades delictivas.
En el terreno operativo, la Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF) ha intensificado sus acciones. Entre el 27 y el 29 de mayo, se llevaron a cabo operativos que resultaron en siete detenciones y diversas incautaciones. En Iguatemi, se detuvo a un hombre con un revólver calibre .38 y una espingarda de presión. En Eldorado, se recuperó una motocicleta con señales de adulteración. En Campo Grande, los operativos fueron más intensos, con capturas relacionadas con robos y latrocinios tentados en los barrios Jardim Columbia, Aero Rancho y Universitário, incluyendo el robo en la casa de un desembargador del Tribunal Eleitoral del Estado.
Estas acciones forman parte del programa "Brasil Contra o Crime Organizado", lanzado el 12 de mayo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este plan cuenta con una inversión de 11 mil millones de reales, de los cuales 10 mil millones provienen del BNDES. El programa se estructura en cuatro ejes estratégicos: la asfixia financiera de las organizaciones criminales, el fortalecimiento de la seguridad en el sistema penitenciario, la mejora en la investigación de homicidios y el combate al tráfico de armas. Según el delegado José Roberto de Oliveira Junior, la expertise de la DERF en crímenes contra el patrimonio es fundamental, ya que estos delitos suelen alimentar la estructura del tráfico de drogas y el contrabando en las fronteras.
