El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) de El Salvador, respaldado por una coalición de organizaciones sindicales y sociales, ha presentado una denuncia pública formal contra las políticas extractivistas implementadas en el país. La organización acusa la existencia de un proceso de destrucción sistemática del medio ambiente y la vulneración constante de los derechos de las comunidades campesinas y originarias en el territorio salvadoreño.
Esta denuncia se llevó a cabo en el marco de la Caravana de Pueblos de Resistencia en Europa, por el clima y la vida. Dicha iniciativa es el resultado de una articulación regional en Mesoamérica que cuenta con el apoyo de los Espejos del Sur Global. El propósito central de la actividad fue visibilizar ante la opinión pública las graves violaciones socioculturales y ambientales que, según MILPA, se ejecutan bajo la narrativa de una "transición verde" y un "desarrollo tecnológico", ocultando dinámicas corporativas que priorizan la acumulación de capital sobre la supervivencia humana.
Durante la conferencia de prensa, Ángel Flores, dirigente de MILPA El Salvador, alertó sobre el estado de emergencia territorial y climática que atraviesa la nación. Flores señaló que existe una laxitud institucional en la entrega de licencias de edificación y permisos ambientales, lo que ha facilitado la depredación de los ecosistemas. El dirigente subrayó que la facilidad comercial para obtener estos permisos ha incrementado la construcción de proyectos de vivienda en zonas de resguardo, así como la destrucción indiscriminada de humedales y bosques.
Según la valoración de Flores, este modelo de desarrollo ignora la importancia de los ecosistemas, advirtiendo que el aumento de las temperaturas y la frecuencia de las inundaciones son solo el preludio de desastres mayores en el futuro cercano. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los defensores de la tierra debido a la impermeabilización de los suelos por la urbanización descontrolada y la pérdida irreversible de pulmones ecológicos y mantos acuíferos.
La denuncia de MILPA ha sido respaldada por diversos gremios sindicales y movimientos populares, quienes coinciden en que el modelo económico actual constituye una "arquitectura del despojo". De acuerdo con estas organizaciones, este sistema privatiza los bienes comunes bioculturales, precariza el empleo y desplaza a las poblaciones de sus territorios ancestrales para dar paso a infraestructuras logísticas internacionales y enclaves inmobiliarios de lujo. Asimismo, los sectores presentes rechazaron que los discursos oficiales sobre modernización turística y seguridad energética sirvan como cortina de humo para expandir las fronteras neoextractivas.
En el ámbito de los derechos humanos, Fermín Meléndez expuso la crisis que enfrentan las comunidades autóctonas, utilizando el término "etnocidio" para describir el desplazamiento sistemático y el olvido forzado de estas poblaciones. Meléndez enfatizó que el irrespeto a las costumbres indígenas, las cuales protegen la tierra y garantizan la producción de alimentos, debilita la capacidad de protección del entorno natural. Para los convocantes, las tradiciones indígenas representan sistemas de soberanía alimentaria y gobernanza que han sido la barrera más efectiva contra el cambio climático durante siglos, y su ilegalización por parte del Estado acelera el deterioro de las últimas zonas boscosas y fluviales vírgenes.
La organización detalló además una serie de megaproyectos que consideran amenazas directas a la autonomía comunal y al medio ambiente. Entre ellos destacan el Aeropuerto del Pacífico, los enclaves residenciales de Health City en San Alejo, los complejos hoteleros El Paraíso en Conchagua, la central energética Conchagua Power y los circuitos turísticos conocidos como Surf City 1 y 2. MILPA sostiene que estas obras profundizan dinámicas coloniales al integrar al país en cadenas globales de turismo transnacional y mercancías, destruyendo en el proceso los medios de vida nativos.
Finalmente, la delegación de MILPA informó que, tras un recorrido de monitoreo realizado entre octubre y noviembre de 2025 desde Sonora, México, hasta Panamá, han constatado que el despojo corporativo y el militarismo son problemas recurrentes en Mesoamérica. Por ello, anunciaron que una delegación mesoamericana se trasladará a Europa del 1 al 22 de junio de 2026. El objetivo de este viaje es sostener foros, diálogos y encuentros con universidades, medios de comunicación libres y organismos defensores de derechos humanos para denunciar ante los centros del poder global y las corporaciones transnacionales la vulneración de la vida en el Sur Global.
