Una grave controversia ha surgido en torno a la gestión consular y diplomática de Colombia en Venezuela, luego de que se revelaran contradicciones directas entre las declaraciones del embajador colombiano, Milton Rengifo, y los reportes provenientes de instancias consulares y denuncias legales. El abogado especializado en derecho migratorio, Andrés Soto, fue quien puso en evidencia esta situación tras realizar una solicitud formal de información a la Cancillería de Colombia.
El detonante de esta polémica fue la respuesta oficial brindada por la Cancillería colombiana a la solicitud de actualización realizada por Soto sobre el estado de los connacionales que se encuentran detenidos en territorio venezolano. Según explicó el abogado a través de su cuenta en la red social X, la respuesta del organismo gubernamental fue tajante al citar la posición del jefe de la misión diplomática. En el documento, se señala que el embajador Milton Rengifo asegura no poseer conocimiento ni registro alguno de casos relacionados con detenciones arbitrarias de ciudadanos colombianos en la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, esta versión oficial ha sido cuestionada frontalmente debido a que existen evidencias que sugieren lo contrario. Andrés Soto sostuvo que la información suministrada por el embajador es contradicha por los reportes del Consulado de Colombia en Guasdualito, ubicado en el estado Apure. De acuerdo con el abogado, el organismo consular en dicha localidad reconoció la existencia de al menos dos casos de detención arbitraria dentro de su jurisdicción, lo que invalida la afirmación de que no existen registros de tales situaciones en el país vecino.
Más allá de la simple existencia de los detenidos, el Consulado en Guasdualito habría ido un paso más allá al denunciar la presunta existencia de una "xenofobia institucional" dirigida hacia los ciudadanos colombianos que se encuentran privados de libertad en Venezuela. Esta denuncia añade una capa de complejidad al problema, sugiriendo que los connacionales no solo enfrentan la pérdida de su libertad, sino también un trato discriminatorio por parte de las instituciones venezolanas.
El abogado Soto subrayó que esta falta de transparencia actual no es un hecho aislado, sino que choca con el historial de reconocimientos de la propia Cancillería colombiana. Según indicó, desde el año pasado el Gobierno colombiano ya había admitido tener conocimiento sobre decenas de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela. En aquel entonces, se reconoció que estas personas carecían de un acceso consular efectivo y que no existía información clara ni transparente sobre la naturaleza de sus procesos judiciales.
Uno de los puntos más críticos detallados por el especialista legal es la situación de los ciudadanos recluidos en el centro penitenciario Rodeo I. Soto afirmó que, actualmente, más de 20 colombianos permanecen detenidos en dicho recinto, enfrentando graves acusaciones que incluyen presuntos delitos de terrorismo, entre otras imputaciones. La situación de estos detenidos es particularmente alarmante debido a la falta de garantías procesales y la aparente invisibilidad institucional desde la embajada.
Ante este panorama, Andrés Soto lanzó duras críticas contra la gestión de Milton Rengifo. El abogado cuestionó directamente la veracidad de las palabras del embajador, asegurando que Rengifo miente al negar la existencia de estas detenciones arbitrarias. Para Soto, esta negativa no es solo un error administrativo, sino una acción que deja a los ciudadanos detenidos y a sus familias en un estado de total desamparo, dejándolos "a su suerte" sin el respaldo diplomático que les corresponde por derecho.
Finalmente, el abogado migratorio extendió su crítica hacia la posición general del Gobierno colombiano frente a la crisis de los detenidos. Denunció que las familias de los afectados continúan manifestando una profunda frustración ante la falta de respuestas institucionales concretas sobre el estado real y la situación jurídica de sus parientes privados de libertad en Venezuela. Esta situación pone de manifiesto una brecha significativa entre el discurso oficial de la embajada y la realidad reportada por los consulados y los representantes legales de las víctimas.
