El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha emitido instrucciones precisas a los fiscales federales con sede en Miami, Florida, para que detengan cualquier investigación criminal que involucre a la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta medida se enmarca en una estrategia dirigida a mantener y profundizar la cooperación con quien es la sucesora de Nicolás Maduro, una relación que el mandatario estadounidense ha calificado públicamente como «excelente».
La revelación de esta directiva fue realizada por la agencia Associated Press (AP), la cual sostiene que la orden fue impartida con el objetivo primordial de no torpedear los esfuerzos que lidera Donald Trump para estabilizar la situación política en el país sudamericano y avanzar hacia una normalización completa de las relaciones bilaterales. Según declaraciones de una fuente gubernamental citadas por la agencia de noticias, la instrucción fue tajante: «Han dicho a todo el mundo que paren», refiriéndose específicamente a cualquier iniciativa orientada a lograr una imputación formal contra la mandataria venezolana.
A diferencia de lo ocurrido con Nicolás Maduro y diversos integrantes de la cúpula del chavismo, Delcy Rodríguez no ha sido imputada hasta la fecha por la justicia de Estados Unidos. No obstante, la fuente indica que la presidenta ha estado bajo el escrutinio de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) desde el año 2018, en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Ante estas revelaciones, el Departamento de Justicia de EE.UU. se limitó a emitir un comunicado señalando que no existe «ninguna investigación contra ella que haya que cerrar».
En paralelo a las acciones judiciales, se han registrado gestos significativos en el ámbito administrativo y financiero. Delcy Rodríguez, al igual que su hermano Jorge Rodríguez, había sido objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, en consonancia con el giro en la política exterior, el gobierno estadounidense procedió a levantar las sanciones que pesaban sobre la presidenta a comienzos del mes pasado.
Este clima de relajación de presiones legales y económicas coincide con un periodo de cooperación judicial creciente entre Caracas y Washington. Un ejemplo tangible de este estrechamiento de vínculos ha sido la reciente deportación de Alex Saab, el tesorero de Nicolás Maduro, desde Venezuela hacia territorio estadounidense.
Mientras se despeja el camino legal para Delcy Rodríguez, la estrategia de Estados Unidos parece intensificar la presión sobre su predecesor. Nicolás Maduro ha recibido recientemente una segunda imputación, esta vez emanada de la fiscalía federal de Miami, la cual se suma a los cargos que ya enfrenta en Nueva York. El exdictador venezolano permanece actualmente recluido en una cárcel federal de Brooklyn, donde se encuentra a la espera del juicio correspondiente a su causa.
Durante una reunión de su Gabinete celebrada este miércoles, el presidente Donald Trump expresó su satisfacción con el rumbo de la relación bilateral. «Nos llevamos muy bien con Venezuela», afirmó el mandatario, añadiendo que la gestión se está desarrollando «de maravilla» y que grandes compañías estadounidenses están regresando al país, lo que, según sus palabras, «va a ser algo increíble». Trump ha insistido repetidamente en que el vínculo con la administración de Delcy Rodríguez es «excelente».
El componente energético es la pieza central de esta nueva arquitectura relacional, dado que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. El secretario de Energía, Chris Wright, destacó durante la reunión de gabinete que la gestión del presidente Trump ha logrado transformar a un «adversario lastrado por sanciones en un aliado estratégico en 45 minutos», subrayando que un giro de esta naturaleza no ha ocurrido previamente en la historia.
El diseño de esta nueva entente diplomática ha sido coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El funcionario aseguró que la relación con Venezuela se rige por un proceso estructurado en tres fases: estabilización, recuperación y transición.
En este esquema, evitar que Delcy Rodríguez enfrente complicaciones legales se considera una parte fundamental de la fase de estabilización. Simultáneamente, se busca la reapertura del mercado petrolero venezolano para las empresas estadounidenses. Como muestra de este avance, se ha informado que Exxon Mobil, la petrolera más grande de Estados Unidos y que ha mantenido prolongadas batallas legales con el Gobierno de Venezuela, se encuentra cerca de concretar un acuerdo para retomar sus operaciones en explotaciones dentro del territorio venezolano.
