¿Puede un gobierno sobrevivir sin una oposición política pero bajo la lupa de la Justicia? El gobierno de Javier Milei enfrenta una paradoja: aunque el 53% de los consultados se declara opositor, no existe actualmente un líder o agrupación capaz de ofrecer una alternativa creíble. Sin embargo, este vacío político no significa que el oficialismo no tenga límites; el freno real ha aparecido en los tribunales.
El Fondo Monetario Internacional ya encendió las alarmas. En su reciente informe, el organismo advierte sobre "desafíos" en el marco anticorrupción, señalando una baja transparencia en las declaraciones patrimoniales, regímenes de conflicto de intereses poco rigurosos y una preocupante politización judicial.
Esta tensión se materializa en casos concretos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en una posición vulnerable, siendo investigado por el juez Lijo y el fiscal Pollicita por sospechas sobre su patrimonio. Mientras tanto, en los pasillos de Comodoro Py se libra una guerra de influencias entre magistrados y sectores del espionaje, con figuras como Antonio Stiuso y Santiago Caputo en el centro de las especulaciones.
El escenario es complejo: desde disputas por el control de la Aduana de Ezeiza hasta cuestionamientos sobre licitaciones energéticas que involucran a empresarios cercanos al círculo oficial, como los hermanos Neuss y José Luis Manzano. Incluso el sector farmacéutico, con Hugo Sigman, permanece bajo escrutinio judicial.
En resumen, mientras el Congreso no logra imponer una oposición competitiva, es el Poder Judicial el que ha asumido ese rol, exponiendo que la promesa de regeneración institucional sigue siendo una asignatura pendiente para la administración libertaria.
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