¿Puede un estado anular el dinero que el gobierno federal entrega a sus ciudadanos? California está evaluando precisamente eso. El gobernador demócrata Gavin Newsom anunció que examinará junto a la Legislatura del estado la implementación de un impuesto del 100 % a los residentes que recurran a un fondo federal de casi 1.800 millones de dólares.
Este fondo, específicamente de 1.776 millones de dólares, fue anunciado por el Gobierno del presidente Donald Trump. Su objetivo es compensar a aliados del mandatario que fueron investigados o procesados por la toma violenta del Capitolio el 6 de enero de 2021, durante la administración de Joe Biden.
Newsom fue claro en una conferencia de prensa al señalar: “Queremos gravar el 100% de esos ingresos, y esa es una medida que el estado de California puede adoptar”. Pero California no está sola en esta postura. En Nueva York, el asambleísta Alex Bores también ha propuesto imponer un gravamen similar. Bores argumenta que el presidente Trump no debería utilizar los dólares de los contribuyentes para recompensar a los insurrectos y otros aliados. Según el legislador neoyorquino, si un residente de su estado toma dinero de este fondo, al cual calificó de ilegal, el estado le cobrará impuestos sobre el 100 % de esa suma.
Mientras tanto, personas condenadas por la insurrección, como Enrique Tarrio, exlíder de la organización ultraderechista Proud Boys, ya han manifestado que solicitarán los recursos de este fondo. La disputa pone de relieve la tensión entre las políticas del gobierno federal y las legislaciones estatales en torno a los eventos del 6 de enero.
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