¿Es un accidente que en Panamá existan políticos que lleguen sin nada y se vayan con todo? No. Esta realidad no es una anomalía, sino el resultado predecible de un sistema diseñado así.
La normalización de la corrupción ha sido gradual y casi pedagógica. Se ha alimentado de escándalos que terminan en prescripción y de funcionarios investigados que regresan al poder y ganan elecciones. Esta cultura de resignación surge porque el Estado no ha demostrado a la ciudadanía que valga la pena indignarse.
Las leyes existen, pero los plazos se extienden y los vacíos legales rara vez son descuidos; son, en realidad, obras de ingeniería política diseñadas por quienes debían ser controlados. Esta estructura ha llevado a una lógica perversa donde se premia con curules o alcaldías a figuras con expedientes conocidos. En muchos casos, el voto se convierte en una transacción: se prefiere al candidato corrupto que reparte algo frente al honesto que no garantiza nada, reflejando un Estado que nunca llegó a todos por igual.
Sin embargo, la corrupción no sobrevive solo por la impunidad legal. Existen cómplices en el silencio conveniente: empresarios que financian a ambos bandos para mantener puertas abiertas, profesionales que negocian en privado y medios que limitan sus investigaciones según el aviso publicitario.
Para romper este ciclo, no bastan leyes más severas. El cambio real ocurre cuando la sociedad decide que ciertos comportamientos ya no tienen cabida en las urnas ni en las conversaciones familiares. Panamá ya demostró en 2023 que sabe movilizarse cuando algo duele; ahora queda la decisión colectiva de dejar de aplaudir lo que debería avergonzarnos. Porque el robo que normalizamos comenzó el día en que decidimos que era inevitable.
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